Cancillería 'violentó' los derechos de M. Mizrachi

En su afán de persecución política, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela habría violentado uno de los principales derechos que poseen los panameños, sobre proteger la vida y honra de los ciudadanos, sin importar el lugar donde se encuentren.

A esta conclusión han llegado expertos, quienes calificaron un pronunciamiento de la Cancillería que aseguraba que el genio informático Mayer Mizrachi estaba prófugo como una "gran metida de pata".

Incluso sobre cómo la Cancillería panameña, a cargo de la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, no hizo las averiguaciones sobre la efectividad de la medida aplicada al joven empresario o los prejuicios que recibió.

Mizrachi, por su parte, reveló que no ha recibido ningún tipo de disculpa por parte de la Cancillería de Panamá ni de los medios que difundieron la publicación sobre su supuesta evasión de la cárcel La Picota en Colombia, donde se encontraba detenido.

Y es que otra de las violaciones del Gobierno se dio el pasado miércoles 22 de junio, cuando las autoridades colombianas dieron a conocer la orden de libertad de Mizrachi por la falta de "requerimiento judicial", sin embargo, la Cancillería panameña informó que se había evadido de la cárcel cuando las autoridades colombianas tramitaban su deportación.

Aun cuando la decisión del Segundo Tribunal de Justicia, con el voto favorable de los magistrados Adolfo Mejía y María Lourdes Estrada, favorecía un recurso de apelación presentado por los abogados de Mizrachi.

No obstante, en Relaciones Exteriores informaron que los jefes judiciales de Colombia iniciaron una investigación por un posible acto de corrupción de alto nivel (...).

Mizrachi reveló ayer, a través de una conversación vía Skype con Nex Noticias, que el dictamen del tribunal de Panamá evidencia el acoso.

Pidió, además, que los panameños no dejemos que las patrañas contra él inciten odio "dentro de nuestros corazones".

Anteriormente, el abogado de Mizrachi, Alex Vernon, sostuvo que el Gobierno panameño diseñó un "plan macabro" para agarrar al empresario una vez saliera del país, pero no se logró el cometido, y procedieron a darse a la tarea de divulgar que Mizrachi era un prófugo, mediante una nota de Cancillería.

En el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, se había afirmado "que Panamá fue informado por el Gobierno de la República de Colombia de que el ciudadano panameño Mayer Mizrachi se evadió momentos en que las autoridades colombianas tramitaban su deportación a Panamá".

Incluso, que "las autoridades de Colombia iniciaron una investigación por un posible acto de corrupción, específicamente, por el soborno a un funcionario del Instituto Nacional del Sistema de Penitenciaría y Carcelario de Colombia, quien ha sido ya destituido por las autoridades, y se han presentado cargos ante fiscalía por el hecho (...)".

Sin embargo, dicho informe no ha sido mostrado para comprobar la veracidad de la versión de Cancillería, como exigen varios críticos del Gobierno.

Esto fue cuestionado por el comunicador social Álvaro Alvarado, quien preguntó: "¿Hará la canciller conferencia de prensa para mostrar los documentos oficiales del Gobierno colombiano donde califican de prófugo a Mizrachi?".

Incluso esto causó el repudio de los conocedores por el mal manejo que han tenido y la actuación de las autoridades panameñas.

Uno de ellos fue el constitucionalista Ernesto Cedeño, quien indicó que "nuestra representación diplomática no actuó como buenos padres de familia en este caso, por lo que tiene que hacer los ajustes para que a ningún otro panameño le pase este tipo de percance en el extranjero".

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley", instruyó el jurista.

Agregó que "los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona".

Esto sería "porque nuestra delegación nacional en Colombia, una vez supo que fue revocada la orden de detención y la solicitud de extradición del empresario, debió haber verificado en sitio la efectividad de la medida adoptada por nuestro tribunal, y al parecer no lo hizo".

Argumentó que ya el pleno de la Corte Suprema de Justicia planteó que esa norma no solo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino de asegurar la efectividad de los derechos.

Por su parte, el exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Guillermo "Willy" Cochez calificó la acción como una "gran metida de pata".

Cochez señaló que "es un caso producto de la política de ciertos gobiernos de botar y pedir la renuncia de la gente que sabe en sus dependencias".

"Estoy seguro de que si en la Cancillería existiera personal valioso, este tipo de situaciones jamás se habría dado. Esta debe ser una lección para los gobiernos que hay que respetar a los funcionarios capaces, vengan de donde vengan", manifestó.

En tanto, el defensor de los derechos humanos y dirigente gremial Roberto Troncoso sostuvo que se trata de un joven empresario con muchos méritos, y debe conocerse por qué no se instaló el programa que diseñó en las instituciones correspondientes.

"Yo creo que está en el derecho a la defensa y libertad, pero creo que debe enfrentar la justicia en Panamá y tiene excelentes abogados", afirmó.