Justicia comunitaria se inicia con tropiezos

La implementación de los jueces de paz, que reemplaza el viejo sistema de corregidores, se inició con más tropiezos que virtudes en el Primer Distrito Judicial de Panamá.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, institución que apoya la implementación de este sistema, de los 20 Municipios que integran el distrito judicial, en 7 están funcionado de manera normal los jueces de paz, en uno se implementó parcialmente, 7 están en proceso de hacerlo y en 5 aún no se ha iniciado.

Por su parte, en la comarca Guna de Wargandí, Madungandí y Puerto Obaldía, actualmente no cuentan con jueces de paz, sino que está la figura de delegados administrativos, quienes son los que aplican la justicia comunitaria en estos sectores del país.

Cabe mencionar que quienes no han implementado aducen no contar con un presupuesto para este nuevo sistema.

Mientras, en el distrito de Chame, tres jueces de paz renunciaron por asuntos salariales, según indica el informe enviado por el Ministerio de Gobierno a Panamá América.

Algo similar a lo que sucedió en San Miguelito, a principio de este año, cuando el abogado Eliécer Plicett renunció como juez de paz en el corregimiento de Rufina Alfaro, debido a que el salario para ocupar este cargo era de 1,000 dólares, el cual consideró de "irrisorio".

En este sentido, hay quienes señalan que para que la justicia de paz funcione de una mejor manera, el Órgano Ejecutivo debe dotar de más presupuesto a aquellos Municipios que por su naturaleza no generan mayores ingresos.

En este sentido, expertos han manifestado que en un principio, la implementación del Sistema de Justicia Comunitaria de Paz iba a estar supeditado al Órgano Judicial, lo que le garantizaría su independencia económica y además lo mantendría alejado de las influencias políticas.

Contrario a esto, se tomó la decisión de que los jueces de paz estuvieran a cargo de los Municipios, a través de la Secretaría de Descentralización.

Con esto, expertos han denunciado que la designación de los jueces de paz se ha estado haciendo de forma política y no con base en méritos académicos.

Con esta decisión de poner la justicia comunitaria de paz bajo la supervisión de las alcaldías, también se limita a aquellos Municipios que no generan muchos recursos económicos.

Otra de las quejas con la implementación de este sistema surge por la falta de equipos para poder hacer una mejor labor.

Se ha podido conocer que existen algunas Casas de Paz en las cuales los jueces comunitarios no cuentan con los enseres necesarios para poder realizar una mejor labor, a la hora de mediar en un conflicto.

Por ejemplo, existen comunidades de áreas de difícil acceso en las que los jueces de paz no cuentan con un vehículo para trasladarse de un lugar a otro.

En este sentido, la diputada independiente Ana Matilde Gómez manifestó que es importante que Panamá evolucione hacia una cultura de paz, ya que esto significa bajar los altos niveles de litigiosidad que tienen los panameños.

Sin embargo, Gómez señaló que para que este sistema funcione, lo que se necesita es que el Ejecutivo entienda que hay que dotar de presupuesto a los pequeños Municipios y que la formación de estos jueces se haga en el sentido de cambiar la mentalidad de los funcionarios.

Por su parte, el procurador Rigoberto González indicó que se debe continuar con el trabajo en equipo y reforzar las capacitaciones, no solo a los aspirantes a jueces, sino al personal de apoyo.