Retos de la comunidad internacional ante la situación en Nicaragua

Somoza Debayle fue derrocado por una alianza del FSLN armado, el Partido Conservador (PC), por el sector privado, otras organizaciones políticas y la población insurreccionada el 19 de julio de 1979.

Luego, una Junta de Gobierno integrada por cinco (5) miembros de distintos sectores, lo reemplazó en el poder y esos sectores ofrecieron un Programa de Reconstrucción Nacional basado en el pluralismo politico, una economía mixta del sector privado con las empresas de Somoza que pasaban al Estado y una política exterior de no alineamiento con los Estados Unidos ni la URSS.

El FSLN incumplió con el programa y rompió todos los acuerdos en los primeros tres años, imponiendo su poder militar. Cerró los espacios politicos, estableció censura de prensa, confiscó a empresarios que no habían sido parte del regimen somocista y se alineó con la URSS, recibiendo armamento masivo.

La reacción de los nicaragüenses fue rebelarse otra vez y los Estados Unidos respondieron a la URSS armando a la Resistencia Nicaragüense.

Durante este ambiente de inestabilidad política y económica, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 1984 que fueron boicoteadas por los principales partidos de oposición, debido a la falta de garantías de la campaña electoral. Así fue electo por primera vez Daniel Ortega, por un periodo de seis años.

Continuaron las represiones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Estados Unidos suspendió el apoyo a la Resistencia Nicaragüense, lo que complicó la situación, llevando a este país centroamericano a una grave crisis.

En 1987, en la búsqueda de la solución del conflicto, los cinco presidentes de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, con mediación del Papa Juan Pablo II y el Secretario General de la OEA, firmaron los Acuerdos de Esquipulas II, en los que asumían el compromiso de democratizar los países y llevar a cabo elecciones libres y transparentes, observadas por la Comunidad Internacional, para detener guerras y pacificar la region.

Tal como lo había mencionado la Corte Internacional de Justicia, era imposible que existiese una intervención por parte de organismos internacionales o Estados miembros, así lo plasmó en su sentencia de fecha 27 de junio de 1986 relativa a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua donde menciono:

“El principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a resolver sus asuntos sin injerencia extranjera.

Una intervención prohibida debía referirse a cuestiones en las que permita que cada Estado, por el principio de soberanía de los Estados, decidiera libremente (por ejemplo, la elección de un sistema político, económico, social y cultural, y la formulación de una política exterior). La intervención era ilícita cuando utilizara, respecto a esas elecciones, métodos de coerción, en particular la fuerza, ya fuera en la forma directa de una acción militar o en la forma indirecta de apoyo a actividades subversivas realizadas en otro Estado."

Esto en apego al articulo 2 de la Carta de Naciones Unidas y (agregamos nosotros) el articulo 1 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

Reconocemos que la no intervención representa un principio fundamental del derecho internacional, sin embargo, notamos como la Corte en la sentencia que hemos citado, utiliza un ejemplo que a nuestro entender guarda relación con un derecho de autodeterminación, es decir, la prohibición que ningún Estado coaccione, presione u obligue mediante el uso de la fuerza, a otro Estado para que tome las decisiones que el primero desee.

Esto despierta nuestra curiosidad y lleva a cuestionarnos si la declaración de ilegitimidad de un Estado miembro y la cooperación (de la mano de la oposición política) por parte de un Estado para que el Estado que evidentemente sufre un regimen autoritario, supere su crisis y celebre elecciones libres y democráticas, representa una forma de coacción (no violenta) y constituye parte del principio que desarrolló la Corte.

La Comunidad Internacional y en especifico, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos afronta grandes retos encaminados a la erradicación de regímenes autoritarios.

Vemos el ejemplo hoy en Nicaragua, donde el listado de fallecidos supera los trescientos y lastimosamente bajo aquel principio se ha cobijado el régimen autoritario de Daniel Ortega y esposa para cometer graves violaciones a los derechos humanos.

El actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro ha tuiteado: 

“La defensa de la democracia NO es injerencia, es una obligación que los países asumieron al suscribir la Carta Democrática, la misma que le da a la @OEA_oficial potestades para tomar iniciativas, denunciar y proponer soluciones #Nicaragua #OEAenNicaragua"

Conocemos que la Carta Demócratica establece mecanismos para disponer visitas, realizar informes, llamar a Asamblea extraordinaria y hasta suspender la participación del Estado en la OEA, y esto constituye una forma legítima de cooperación, sin embargo, estos regímenes que poseen un poder casi absoluto sobre su población, merecen mayor esfuerzo por parte de los otros Estados y organizaciones internacionales.

Ejemplos como el de Venezuela, han demostrado que el constante llamado de atención por parte de organismos internacionales y Estados de la región, no ha impedido que se sigan cometiendo las graves violaciones de derechos humanos en contra de su población. 

 Resaltamos que existen vías para cooperar con la recuperación de la democracia en países de la región, respetando el principio de la no intervención tal como lo vimos en el mismo Nicaragua, con El Acuerdo de Paz de Sopoá del 23 de marzo de 1988, donde el régimen autoritario, presidido por Daniel Ortega Saavedra, cesó las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional y llamó a elecciones libres, donde resultó ganadora Doña Violeta de Chamorro, por mediación de miembros del Gobierno Nacional, la Resistencia Nicaragüense, el Secretario de la OEA Joao Baena Soares, el cardenal Miguel Obando y Bravo y varios representantes de los países centroamericanos. 

Este es un precedente importante a destacar para reconocer que existen vías que pudiesen adoptar en el presente los Estados para así rechazar de manera enérgica los regímenes autoritarios en las distintas poblaciones latinoamericanas que nos han llevado a revivir las peores violaciones a los derechos humanos. 

Pero esto, necesita una cooperación exhaustiva por parte de la población civil, los líderes políticos opositores, empresarios del sector privado, la Comunidad Internacional y las organizaciones internacionales como lo es la OEA. No es imposible, requiere esfuerzo conjunto.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.