Aprueban proyecto de ley 31-26 sobre incentivos fiscales para el turismo y deroga normativas dispersas

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, el cual establece el nuevo régimen jurídico de incentivos fiscales aplicable a las inversiones en la actividad turística de la República de Panamá. La propuesta consolida en una sola herramienta legal las normativas especiales vigentes, eliminando la dispersión legislativa para promover la generación de empleo y la atracción de capitales.

El anuncio fue realizado por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, junto a voceros del sector privado como Nayid Duke (Cámara de Turismo), Víctor Concepción (Apatel) y Salomón Shamah (Promtur). La norma deroga explícitamente la Ley 80 de 2012, la Ley 82 de 2019 y decretos ejecutivos previos para cerrar portillos al desarrollo estrictamente inmobiliario.

Ejes del proyecto de ley 31-26 e impacto sectorial

El nuevo marco busca equilibrar la atracción de inversiones con la responsabilidad fiscal y el desarrollo territorial equilibrado.

Es decir, que se otorgan mayores beneficios en áreas con menor desarrollo económico, evitando incentivos para proyectos puramente inmobiliarios o comerciales ajenos al turismo.

Enfoque en segmentos de alto valor y corresponsabilidad

La iniciativa impulsa la diversificación de la oferta nacional hacia segmentos especializados como el turismo náutico, de reuniones y convenciones, ecoturismo y turismo comunitario, en alineación con el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2025-2030.

"No queremos una ley para beneficiar el desarrollo inmobiliario como centros comerciales. Esta es una herramienta de desarrollo territorial para atraer nueva inversión, proteger la calidad y modernizar la oferta existente”, expresó Gloria De León, administradora de la ATP.

Con la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional, el Ejecutivo busca brindar certeza jurídica al sector empresarial y dinamizar la economía en las provincias del interior del país.