Jované: evasión de cuotas en la CSS debe tipificarse como delito
El economista indica que dentro del proyecto se debe incluir el no pago de cuotas sociales, ya que le hace daño a un grupo de personas que no pueden recibir la pensión respectiva o atención médica.
El ministro indicó que el proyecto ha sido diseñado para los grandes evasores, quienes tienen ingresos millonarios y no pagan tributos. Asamblea
El inicio de la discusión del proyecto 591 que contempla la penalización de la defraudación fiscal ha generado reacciones entre los empresarios y economistas, quienes coinciden en que la normativa es positiva siempre y cuando no sea utilizada para persecución política o chantaje.
El economista Juan Jované indicó que además de la evasión fiscal también debe incluirse la evasión en el pago de cuotas al Seguro Social, ya que ambos deben tipificarse como delito.
"Hay que incluir en este proyecto, además de la evasión de tributos, la evasión a la seguridad social que tienen la misma naturaleza, ya que en lo social la gente pierde la oportunidad de pensionarse o recibir una adecuada atención médica y ambos deben ser calificados como delito", dijo el economista.
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Sin embargo, señaló que no debe convertirse en una ley que castiga políticamente a nadie, sino que debe ser administrada con neutralidad.
Por su parte, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y presidente de la Cámara Marítima, Julio De La Lastra, indicó que la evasión de impuesto, aparte de reprochable, constituye una afectación a las finanzas nacionales y es hora de que en Panamá se tenga un principio de rendición de cuentas, no solo para el sector privado, sino también para el sector Gobierno.
"Ya tenemos que asegurarnos de que el que hace algo al margen de la ley sea sancionado, pero hay que tomar en cuenta que todo tipo de castigo no sea utilizado para perseguir políticamente a las personas, así que hay que usar los parámetros correctos para que esto no se registre", dijo.
El empresario reconoció que en tiempo y espacio actualmente no se está preparado para aplicar esta ley en Panamá en materia legal, y debido a la cantidad de casos e investigaciones que tiene que hacer el sistema, no da abasto, y para solucionarlo hay que darles el presupuesto que requieren las entidades respectivas para que puedan operar correctamente.