Panamá sale de la lista gris de GAFI

Panamá salió este viernes de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El presidente de la República, Laurentino Cortizo, confirmó la información.

"Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria", dijo Cortizo.

Este anuncio llegó durante a la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional.

La decisión fue apoyada por países de la región Latinoamericana, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010.

El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. Posterior a diversas reuniones técnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, las acciones fueron consideradas como largamente completadas.

Beneficios
De acuerdo con el MEF, la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI tendrá un impacto positivo en múltiples aspectos de la economía panameña y la comunidad financiera internacional:

Mejora la imagen internacional: Con la exclusión de Panamá de la lista gris, se fortalece la imagen del país a nivel internacional, y su compromiso frente a la transparencia no solo nacional sino también internacional, lo que facilitará las relaciones económicas y financieras internacionales.

Beneficia el aumento de la inversión extranjera y generación de empleos: Con el reconocimiento de los avances en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo implementados por el país, se espera que la inversión extranjera aumente, lo que impulsará el turismo, el comercio y la creación de nuevos y más empleos, así como oportunidades en el país.

Promueve líneas de crédito más accesibles: Abaratamiento y ampliación de líneas de crédito, lo que beneficiará a individuos y empresas que buscan financiamiento.

Corresponsalías bancarias y relaciones internacionales mejoradas: Llevará a una mejora significativa en las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales. Se fortalecerán los enlaces básicos necesarios para las operaciones financieras.

Acciones desarrolladas

El cumplimiento de estas acciones, incluyó la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo (FT), el cual ha sido aprobado y difundido, cubriendo las amenazas relevantes, vulnerabilidades y medidas de mitigación de FT del país; incremento de personal, tanto en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como en el Ministerio Público encargado de los análisis e investigaciones de financiamiento del terrorismo.

Otras medidas contemplaron el desarrollo de guías sobre los riesgos identificados y los posibles mitigadores para el sector no financiero; incremento en el desarrollo de supervisiones en base al riesgo, que incluyen análisis de FT como parte de las supervisiones; adopción de un plan de supervisión basado en riesgo para sujetos obligados no financieros (SONF), demostrando un progreso significativo en la implementación del mismo; la  culminación e implementación del manual de supervisión de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), entre otros aspectos.

Además, se modificó la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), incrementando las sanciones por incumplimiento hasta 5 millones de dólares (Ley 254 de 2021), contemplando los factores de proporcionalidad y disuasividad en la aplicación de sanciones, así como elementos relativos a atender la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto; imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y SSNF, dado incumplimientos en materia de prevención AML/CFT.

También, se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de población de información e igualmente se implementa la verificación de la información correspondiente. Asimismo, el país emitió la Guía de Beneficiario Final, con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilización de los sujetos obligados para mejorar la identificación y transparencia de beneficiarios finales; y se reforzó el acuerdo de abogados, robusteciendo la capacidad de supervisión de la SSNF.

Adicionalmente, aumentaron  las Asistencias Técnicas por parte de la UAF; y se demostró que el país puede proporcionar información a través de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de 300 mil dólares, evidenciando que el umbral para la evasión fiscal interna, no impacta negativamente la capacidad de la República de Panamá para cooperar.

Por otro lado, se adoptó la "Guía para la investigación de Delito Fiscal en Panamá”; se aumentó el número de investigaciones de blanqueo de capitales relacionadas con delitos precedentes distintos al narcotráfico, incluyendo los delitos precedentes extranjeros; y se desarrolló de una Guía para la investigación de fraude fiscal.

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