Casa por cárcel para Marco Andrade y reporte periódico para Genaro López
A ambos se le imputaron cargos por delitos contra la administración pública y a Marco Andrade por blanqueo de capitales. Ambas partes apelaron.
López fue secretario general de Conusi y Andrade ocupa actualmente ese cargo. Imagen: Archivo
Los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade recibieron de medida cautelar reporte periódico y retención domiciliaria, respectivamente, luego que el juez de garantías Fermín Bonilla, declaró legal sus aprehensiones.
A ambos dirigentes se les formularon cargos por la presunta comisión de peculado doloso agravado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Adicionalmente, a Andrade también se le formuló cargo por blanqueo de capitales. En este caso, la imputación alcanzó, además, a una persona jurídica.
Durante la audiencia, el juez permitió que cada una de las partes expusiera sus argumentos. Incluso, concedió el uso de la palabra a uno de los investigados para que expresara directamente sus consideraciones ante el tribunal.
Tras valorar los argumentos expuestos por el fiscal anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez, quien solicitó y sustentó las solicitudes de detención preventiva para ambos investigados, el juez determinó imponer a López la medida cautelar de reporte periódico los días lunes y viernes de cada semana, mientras que a Andrade se le aplicó la medida de retención domiciliaria.
El Ministerio Público rechazó la medida cautelar de retención domiciliaria a Andrade, al igual que la defensa de López por la medida impuesta.
La audiencia de apelación fue programada para el próximo 14 de julio, a las 8:30 a.m. en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, con sede en Plaza Fortuna, San Miguelito.
Este proceso está relacionado con una investigación que el Ministerio Público inició en agosto de 2025 y que se extendió hasta el pasado 25 de junio cuando se produjeron las aprehensiones, por la presunta lesión, por el orden de $760,951.50, de dineros públicos que el Mitradel traspasó a Conusi, como parte del Seguro Educativo para las capacitaciones sindicales.
Las pesquisas a la organización sindical abarcan los años 2019 a 2023, periodos en que los investigados estuvieron al frente en calidad de secretarios generales.
Ambos dirigentes argumentan que su caso es político y que son perseguidos por la denuncia que colocaron en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que colocó a Panamá en una lista corta de estados que no garantizan la libertad sindical.