Caso Odebrecht reaviva desafíos del sistema de justicia; tildan de caricatura el proceso

El juicio del caso Odebrecht, más allá de las irregularidades denunciadas por las partes involucradas, representa un reto para el sistema de justicia panameño que, a consideración del expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, no ha sido superado con éxito.

Este desatino se debe a que se pretende fallar con base en un sistema que los propios administradores de la ley han calificado de obsoleto; por ello, llama la atención que en este litigio en particular esperen resultados eficientes de un modelo ideado para otra época.

Mencionó que sin duda esta es una de las causas más complejas que ha enfrentado la justicia panameña en materia de corrupción pública y criminalidad económica, no solo por los supuestos montos otorgados, sino por la cantidad de implicados, el volumen documental y la dimensión internacional, y cuando un proceso de tal magnitud se tramita bajo reglas pensadas para otro ciclo, inevitablemente aparecen tensiones en términos de eficiencia, duración y manejo de la complejidad probatoria.

"El caso Odebrecht vuelve a evidenciar que el sistema inquisitivo mixto tenía dificultades reales para gestionar expedientes masivos, con múltiples imputados, cooperación internacional y complejos análisis financieros", aseveró.

Señaló que esta misma transcendencia provoca altas expectativas en la opinión pública sobre la certeza de castigo y el respeto al debido proceso, pero este último no puede ser un limitante para la justicia; por ello, aunque el sistema mixto inquisitivo genera dinámicas distintas a las del acusatorio, la solidez de la decisión final está sujeta en gran medida a que quede claro que la prueba relevante fue debatida y sometida al escrutinio contradictorio de las partes.

Araúz plantea que la fortaleza de la sentencia de la jueza Baloisa Marquínez dependerá menos del tamaño del expediente y más de la calidad del debate probatorio que haya ocurrido en el juicio; si no se demuestra que las pruebas relevantes fueron sometidas a contradicción, surgirán cuestionamientos.

"El contradictorio es uno de los pilares del proceso penal porque permite que la prueba sea sometida a debate y depuración entre las partes", explicó a Panamá América.

El expresidente del CNA sostiene que, sin importar el desenlace de este caso, las autoridades deberían reflexionar sobre el estado del sistema de justicia, debido a que no es muy consecuente que los casos más importantes del país se resuelvan bajo un modelo que el propio Estado decidió abandonar.

Sin embargo, el abogado Arturo Vallarino fue más allá al asegurar que sin contradictorio no puede haber fallo apegado a la ley porque este recurso es la base de cualquier proceso judicial; de lo contrario, los implicados estarían en total indefensión.

Reiteró que la falta de contrainterrogatorio a los "testigos protegidos y peritos" de la fiscalía, que son la base del proceso, demuestra que el origen de este caso no es jurídico, sino político, y prueba de ello es que no se ha demostrado ningún perjuicio contra el Estado ni se ha juzgado a la constructora brasileña, que es la que supuestamente cometió el delito.

"Este proceso ha sido una caricatura de lo que debe ser un juicio para altos funcionarios del Estado. No hay duda de que aquí se montó una trama y se está utilizando el sistema judicial para propósitos políticos", puntualizó.

Este elemento ha sido uno de los más cuestionados por la defensa, que espera se accione únicamente sobre las evidencias rebatidas en el acto de audiencia.