Cuestionan pesquisas que realiza el Ministerio Público por caso de albergues
Cuestionamientos ha generado el hecho de que, hasta el momento, quienes han sido investigados por los albergues son personas de mandos medios.
Protestas en la ciudad capital y otros puntos no se han hecho esperar desde el día que se conoció sobre los supuestos abusos en albergues. Archivo.
A pesar que el Ministerio Público pidió una sanción ejemplar en contra del hombre que fue declarado culpable de abusar sexualmente de un menor en un albergue en Colón, juristas consideran que la Procuraduría no ha ido hasta el fondo de estas investigaciones, lo que deja aún una estela de dudas.
El MP, luego de que un Tribunal de Juicio declaró culpable a un hombre de 54 años por cometer actos libidinosos agravados y corrupción de menores, solicitó una condena de 21 años de prisión.
Y aunque expertos la consideran una sanción ejemplar por los tipos de delitos cometidos, cuestionan la forma en que el Ministerio Público ha llevado estas investigaciones.
Para el abogado Alfonso Fraguela, la condena solicitada por la fiscalía está contemplada en el Título III de delitos contra la libertad e integridad sexual del Libro Segundo del Código Penal.
Sin embargo, fue claro en señalar que le deja una estela de dudas el hecho de que solamente aparecen unas pocas personas detenidas por los casos de abusos de menores en albergues regentados por el Estado.
"Siento que el Ministerio Público no ha llevado una investigación profunda con el fin de mandar un mensaje claro de que no existe una justicia, ni una investigación selectiva", expresó Fraguela.
Agregó que las declaraciones que dieron las integrantes de la subcomisión de Familia de la Asamblea sobre los resultados de su investigación presentada al procurador Eduardo Ulloa en su momento, son muy serias para solamente detener a cinco personas.
"Me preocupa profundamente lo ocurrido en los albergues, y más aún una actuación, quizás muy medida por la fiscalía. Aquí se vienen denunciando desde el 2015, y no se sabe qué ocurrió. Si los expedientes se perdieron y si aparecieron, o si ese extravío fue intencional para pretender ejecutar actuaciones que evitaran que esos hechos no se repitan", explicó.
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Fraguela añadió que el país espera nombres y responsables, ya que se habló de que el Ejecutivo elegiría a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de una lista de 5 personas y aún no se elige.
Enfatizó que además está pendiente la elección del Procurador General de la Nación titular, porque no puede quedarse en interinidad el puesto. Agregó que esta acción violaría la Constitución Política y sería un "claro insulto al país", dijo el jurista.
Además de esto, el exvicepresidente del CNA señaló que en su momento se habló de que se presentaría ante la Asamblea Nacional un paquete de reformas penales para robustecer las normas en ese sentido, algo que no se ha realizado.
"En pocas palabras, el Estado le falló a los niños y le sigue fallando, de tal manera que se hace necesaria una investigación profunda, como las que el procurador Javier Caraballo está acostumbrado a realizar para sacar de circulación a los narcotraficantes, los estupefacientes, los narcóticos, o los opioides", dijo.
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Otro que reaccionó ante esto, fue el actual presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien manifestó que cuando la sociedad pone su mirada en asuntos judiciales, las instituciones de justicia actúan con mayor cautela para cumplir las expectativas de la sociedad.
Añadió que la agilidad del MP siempre ha estado relacionada a la mirada de la sociedad en determinadas causas, no obstante, esto debe garantizar que sea igual para todos los procesos legales.
"Todo el que pone una determinada denuncia, merece una respuesta oportuna", puntualizó Araúz.