Ley anticorrupción sigue generando opiniones divididas
Según el procurador, esta normativa busca incorporar técnicas especiales de investigación para actuar de manera eficaz ante estos delitos.
Presentación del proyecto de ley en la Asamblea. Foto: Cortesía
El proyecto de ley No. 291 que modifica el código procesal penal para instaurar una ley general anticorrupción en el país con el propósito de contrarrestar este flagelo sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos debido a su alcance, aunque los diputados están de acuerdo con la propuesta y exigen su pronta discusión, el abogado Basilio González coincide con el presidente en que la iniciativa debe ser nuevamente analizada.
El jurista mencionó que está en desacuerdo con al menos tres artículos (7, 4 y 69) del documento presentado por el procurador Luis Gómez Rudy porque le otorga a los ministerios facultades que podrían llevar a imputaciones del Ministerio Público sin que la Contraloría General de la República confirme la comisión del delito.
“Los ministerios en este caso pueden hacer que un contador público autorizado diga simple y llanamente que aquí hay un faltante o una lesión patrimonial al Estado y con eso el Ministerio Público tiene para imputar cargos a personas y secuestrarles los bienes”, dijo en Nex Noticias.
Señaló que las penas por estos delitos actualmente son muy “efímeras”, por lo tanto, es necesario aumentarlas, pero ello no quiere decir que se le deba restar autoridad al contralor, al contrario, se debe seguir y respetar el debido proceso para que los implicados respondan por sus actuaciones.
Dichas permisiones, a su juicio, contravienen con la labor del contralor que sí tiene la potestad por ley de realizar un control estatal con sanciones de incautación de bienes a las personas que han lesionado el patrimonio estatal.
Aunque el mandatario José Raúl Mulino recomendó al procurador retirar el proyecto de ley de la Asamblea, este aún se mantiene a la espera de su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno.
El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión, explicó que la iniciativa aún no ha sido analizada porque no han llegado las emisiones de concepto de las entidades involucradas, por lo que, no se descarta que su estudio pueda postergarse hasta el próximo año.
Camacho indicó que la opinión del Ejecutivo no incidirá en el trabajo de la Comisión, es decir, mientras el proyecto no sea retirado por su proponente, seguirá el mismo proceso de cualquier otra iniciativa pendiente de discusión.
Según el procurador, esta normativa busca incorporar técnicas especiales de investigación para actuar de manera eficaz ante estos delitos que atentan contra la administración pública y los fondos de todos los panameños.