Persecución a Martinelli se extiende por casi 10 años

La administración de justicia panameña ha sido utilizada en los dos últimos gobiernos para perseguir y afectar las garantías fundamentales del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli.

Los dos últimos gobiernos -de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo-, respectivamente, han montado una persecución intensa para afectar el debido proceso tanto de Martinelli como de su familia, allegados y quienes formaron parte de su administración gubernamental.

En el gobierno pasado, se montó todo un esquema para tal fin y a Martinelli se le revivió el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, mismo que ya había sido resuelto por la Asamblea Nacional, esto cuando él mismo era presidente de la República.

Para esto, el Gobierno de Varela realizó una serie de actos que incluyó el nombramiento de un testigo protegido (Isamel Pittí), que todavía sigue nombrado en Estados Unidos devengando más de un millón de dólares en salario, así como fuertes presiones a otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

En este proceso, Martinelli no fue juzgado una sola vez, sino dos, por lo que le tocó enfrentar a seis jueces de juicio oral distintos, quienes decidieron que él mismo no había cometido delito alguno.

Incluso, fue procesado sin haber sido imputado de cargos, el único en la historia de Panamá.

Incluso, ambas decisiones fueron apeladas ante magistrados superiores.

Luego de esto y al ver que Martinelli no iba a poder ser condenado dentro de este proceso, es cuando se decide entonces abrirles los casos Odebrecht y New Business, algo que no podían hacer porque en junio de 2018, Martinelli había sido extraditado al país bajo las reglas del Principio de Especialidad, algo que fue reconocido en su momento por el magistrado de al Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía.

Fue en ese momento que entró otra actora dentro de toda esta trama contra Martinelli, la jueza liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez.

Esta funcionaria se dedicó a violentar todas las garantías fundamentales de Martinelli en el caso New Business, por el cual incluso lo condenó a 12 años de prisión y el pagó de 19 millones de dólares en multa, así como el comiso de Grupo Epasa, que imprime los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día.

Marquínez durante todo este proceso, se dedicó a desconocer los derechos del candidato presidencial, a tal punto que lo juzgó con el testimonio de dos testigos protegidos, los cuales nunca comparecieron a juicio para poder ser contra interrogados por los abogados defensores.

En algo nunca antes visto, con un expediente voluminoso, de cientos de tomos, Marquínez en un tiempo récord saca la condena de Martinelli.

Las violaciones contra Martinelli no se han detenido allí, ahora el Tribunal Superior Liquidador de Apelaciones, principalmente los magistrados Manuel Mata Avendaño y José Hoo Justiniani, han seguido con la misma práctica en contra del empresario.

La más reciente de estas violaciones viene por parte del magistrado Manuel Mata Avendaño, quien, sin justificación alguna, cambió las reglas para la presentación del recurso de casación, todo con la intención de perjudicar la candidatura de Martinelli.

De forma arbitraria, Mata estableció un periodo de 15 días conjunto para los cinco investigados dentro de este proceso, cuando debió ser de manera individual para poder ejercer una mejor defensa.

No conforme con esto, decidió entregar en una memoria USB, el expediente a la defensa de los investigados, algo que ha sido denunciado por ilegal por la defensa de Martinelli y otros investigados.

Al comparar el expediente en la memoria USB con el que está físicamente en el Tribunal, la defensa pudo comprobar incongruencias en el mismo.

Frente a esto, Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa de Martinelli, denunció que en sitio y con presencia de testigos, que los documentos que aparecen en el expediente físico no coinciden con los del digital.

"No coincide no solamente en foliatura, porque hay errores de foliatura y puede ser hasta entendible, sino que faltan documentos, faltan pdf y lo demás está mezclado", aseguró el abogado penalista.

Otra violación contra Martinelli, es la cometida por el magistrado José Hoo Justiniani, quien, de manera unilateral y arbitraria, decidió no darle trámite a una solicitud de saneamiento presentado a favor del candidato presidencial.

Dicha solicitud de saneamiento fue presentada a finales del mes de agosto ante el Registro Único de Entrada, la cual fue dirigida al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales e incluso se le asignó un número de registro.

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