Reprograman audiencia de apelación de medida cautelar por el crimen del funcionario Agustín Lara
Por el homicidio de Agustín Lara, perpetrado el pasado 14 de noviembre, hay dos personas detenidas, ambas de nacionalidad colombiana.
El subdirector del Registro Público, Agustín Lara, fue asesinado de varios disparos en Los Andes No. 2. Foto: @RPublicoPanama
El Ministerio Público informó este lunes que la audiencia de apelación de medida cautelar por el homicidio del subdirector del Registro Público, Agustín Lara, y por tentativa de homicidio, fue reprogramada para el próximo 14 de diciembre, a las 2:00 p.m.
Por el homicidio de Lara, perpetrado el pasado 14 de noviembre, hay dos personas detenidas, ambas de nacionalidad colombiana.
Lara fue asesinado a tiros en Los Andes No. 2, distrito de San Miguelito, mientras participaba en una actividad en la que miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) recolectaban firmas.
Un día después del asesinato las autoridades detuvieron al colombiano Sebastián González Sánchez, de 23 años, señalado como la persona que manejó la motocicleta desde la que se disparó a Lara.
González fue detenido por unidades de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito en el área de El Crisol.
Las autoridades también ubicaron en El Crisol la motocicleta en la que, supuestamente, González y otro acompañante llegaron hasta la cancha de baloncesto de Los Andes No. 2.
No fue hasta el 27 de noviembre que se entregó el también colombiano Yeison Felipe Possu Mera, presuntamente vinculado en este asesinato.
La Policía Nacional ofrecía una recompensa de 10 mil dólares por información que permitiera dar con la ubicación y captura de Possu Mera.
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Possu Mera llegó el 27 de noviembre a la Sección de Homicidios de San Miguelito junto a su abogada Sarai Blaisdell, quien aseguró que su cliente es inocente.
Dos días después el juez de Garantías, Eric Vergara, ordenó la detención provisional de Possu Mera, señalado como la persona que, supuestamente, le quitó la vida a Lara, basado en el testimonio de un testigo protegido.
El juez Vergara basó su decisión en que existe riesgo de que el acusado pueda fugarse y, con ello, poner en peligro a la comunidad y a los familiares de la víctima, así como destruir pruebas del caso.
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