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Crisis institucional obliga a un Proceso Constituyente
Foro de Actualización Constitucional concluye reiterando la necesidad urgente para el país de un proceso constituyente, ante el fracaso institucional de los tres poderes del Estado.
Redacción web - Actualizado:
Crisis institucional obliga a un Proceso Constituyente
Es necesario un proceso constituyente en el país, debido a la crisis institucional que experimentan los tres órganos del Estado, fue la conclusión del Foro de Actualización Constitucional, realizado por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), en el Ateneo de Ciencias y Artes. Le correspondió al doctor Miguel Antonio Bernal, disertar sobre la importancia de la participación ciudadana en un proceso constituyente. No podemos seguir como vamos, contamos con una Constitución atada a las prácticas de antaño, una Carta Magna que se ha convertido en una camisa de fuerza, que no responde a los criterios existentes, que exigen la participación ciudadana en la administración del Estado, destacó Bernal. Según el catedrático de la Universidad de Panamá, antes de ser profesionales, somos ciudadanos y un punto de partida podría ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Actualmente no existen mecanismos de poder para que los ciudadanos fiscalicemos la gestión de los gobernantes, agregó. El Magíster Richard Morales planteó en su intervención que estamos en tiempos difíciles, con una crisis institucional que nos puede llevar a una crisis económica. Se necesita una Asamblea Constituyente para construir un nuevo Pacto Social y la salida, a juicio del profesor Morales, es una Constituyente Originaria que nos salve del colapso. Por otra parte, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Denis Allen, hizo un resumen de su participación como miembro de la Comisión de Consultas para las reformas a la Constitución Nacional, destacando aspectos puntuales del anteproyecto de reformas, a saber; elevar a rango Constitucional el respeto a los derechos humanos, la prohibición de todas las formas de discriminación, el derecho a réplica, la creación de una Corte Constitucional y la prohibición de la reelección inmediata de los diputados.