Nueva Constitución: General Paredes sugiere cambios en elección de autoridades

Como un proyecto moderno con poca fuga a la corrupción debe concebirse la nueva Constitución de la República de Panamá, según el general retirado Rubén Darío Paredes, para que responda a las necesidades de la población y establezca una real separación de poderes entre los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

El proceso que adelanta el Gobierno a través de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), a su juicio, debe tomar como ejemplo lo sucedido dos años antes de 1946, cuando se convocó a José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari, tres de los juristas e intelectuales más destacados, para redactar la base de lo que, hasta el momento, es la mejor Carta Magna que ha tenido el país.

Dicho documento luego pasó a manos de los constituyentes para su análisis, modificación y aprobación, procedimiento que afirma puede replicarse mediante personas versadas en el tema como Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Sepresac, Mario Galindo Heurtematte, Carlos Bolívar Pedreschi, entre otros.

Paredes sostiene que la actual Constitución, vigente desde 1972, requiere únicamente cambios puntuales para ser "excelente"; uno de ellos es que el procurador, el contralor y el defensor del Pueblo sean elegidos a través del voto popular para que, en lugar de responder a intereses particulares, cumplan con el mandato del soberano, es decir, el pueblo.

Sugiere también que los dirigentes de los estamentos de seguridad pública sean elegidos del escalafón policial, reconociendo el trabajo de quienes llevan años en la institución y cuentan con los conocimientos y la preparación necesaria para desempeñar el rol que se les asigne.

Dichas modificaciones, además de generar un equilibrio estatal, romperían con la idea de que los presidentes están por encima de la Constitución y la ley.

Mencionó que la convocatoria al pueblo para elaborar el nuevo orden constitucional no puede demorar más si se quiere poner fin al sistema "rey" que existe en Panamá hace más de 30 años para transformarlo en una verdadera democracia.

La convocatoria a los constituyentes, de acuerdo con el Ejecutivo, iniciará el próximo año, entre marzo y abril, y contará con un plazo definido para evitar que se prolongue más de lo necesario, pues su objetivo es que el próximo presidente sea juramentado bajo la nueva Constitución.

Aunque no ha dado mayores detalles sobre las reformas que pretende introducir, señaló que el enfoque principal de este procedimiento es reorganizar el Estado para que sea más eficiente y tecnológico, dejando atrás la burocracia.

La Sepresac, por su parte, ha adelantado que se necesitarán 51 constituyentes. La representación se realizará por provincias, a razón de un ciudadano por cada 100,000 habitantes, como ocurrió en 1945, para evaluar, modificar y aprobar el escrito.

Las áreas que superen este rango estarían representadas por 5 ciudadanos.

Reiteraron que la participación de la ciudadanía será la "columna vertebral" de esta iniciativa; por ello, su objetivo es que la mayor cantidad de personas posible se informe sobre la necesidad que tiene el país de elaborar un nuevo texto constitucional, pese a que algunas no quieran ser parte del mismo.

Panamá, en opinión del coordinador de la Sepresac, lleva 54 años de atraso en materia constitucional debido a múltiples factores que deben quedar atrás para agilizar su construcción, de manera que, entre mayo y junio, se instale la asamblea constituyente. Este período coincidiría con el receso del Órgano Legislativo para evitar inconvenientes.