Cuatreros se infiltran en Mariato haciéndose pasar por compradores para robar reses
Los ganaderos de Mariato aseguran que la actividad criminal no solo impacta su economía, sino que amenaza la estabilidad del distrito.
Entre las modalidades detectadas se encuentra el uso de vehículos equipados con dobles tinas refrigeradas, una estrategia que les permite movilizar el producto ilícito sin levantar sospechas en los puntos de control. Foto. Melquíades Vásquez
Productores ganaderos del distrito de Mariato en la provincia de Veraguas viven días de creciente preocupación ante el avance de grupos de cuatreros.
Estos ciudadanos se hacen pasar por compradores de pescado u otros productos, ingresan a las fincas para identificar y sustraer reses.
Ángel Batista, alcalde de Mariato hizo el llamado a las autoridades de investigativas y a los estamentos de vigilancia policial para que se frene a los delincuentes que al parecer ya han perfeccionado sus métodos, llegando incluso a descuartizar los animales en orillas de ríos, quebradas y zonas apartadas para facilitar su traslado.
Batista, hizo un llamado urgente a los estamentos de seguridad para reforzar la vigilancia policial en este sector reconocido por su desarrollo turístico y productivo.
Señaló que el fenómeno no es aislado y que los afectados, en su mayoría pequeños y medianos ganaderos, ya registran pérdidas considerables.
Por su parte, los productores y residentes del área Abel Ávila y Abdiel Gómez coincidieron en que las bandas delictivas han adoptado métodos más sofisticados para transportar la carne robada.
Entre las modalidades detectadas se encuentra el uso de vehículos equipados con dobles tinas refrigeradas, una estrategia que les permite movilizar el producto ilícito sin levantar sospechas en los puntos de control.
Los ganaderos de Mariato aseguran que la actividad criminal no solo impacta su economía, sino que amenaza la estabilidad de un distrito que ha venido impulsando su crecimiento a través del turismo, la pesca y la producción agrícola.
Piden acciones coordinadas entre Policía Nacional, Ministerio Público y autoridades locales para frenar un delito que, advierten, podría agravarse en los próximos meses si no se adoptan medidas contundentes.