APEDE rechaza reformas al Reglamento de la Asamblea por asignar ejecución de obras a diputados
El gremio empresarial advierte que otorgar competencias de gestión y seguimiento de obras comunitarias a los diputados distorsiona su rol constitucional.
APEDE rechaza reformas al Reglamento de la Asamblea por asignar ejecución de obras a diputados
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su profunda preocupación ante las recientes modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobadas en segundo debate. El gremio advirtió que los cambios otorgan a los despachos de los diputados atribuciones para la gestión y fiscalización de proyectos comunitarios e infraestructura local, funciones que distorsionan el rol constitucional del Órgano Legislativo.
Alerta por desnaturalización del mandato constitucionalAPEDE enfatizó que la Constitución Política de la República de Panamá establece con claridad que las funciones esenciales de la Asamblea son legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un contrapeso efectivo ante los demás poderes del Estado. Asignar responsabilidades de seguimiento y ejecución de obras públicas a los parlamentarios contraviene el principio de separación de poderes.
El sector privado señaló que estas tareas corresponden exclusivamente al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales, dentro de planes de desarrollo comunitarios debidamente estructurados. Según el gremio, invadir estas competencias abre espacio a la discrecionalidad en la asignación de recursos estatales, debilitando la institucionalidad democrática e incrementando los riesgos de clientelismo político.
La postura de los ejecutivos contrasta con la falta de avances en reformas prioritarias que la ciudadanía demanda para el Parlamento. APEDE cuestionó que en lugar de promover la transparencia, la bancada legislativa haya omitido discutir temas de impacto institucional directo para elevar el desempeño del pleno.
Entre las tareas pendientes señaladas por el gremio destacan:
Asistencia obligatoria: Control estricto y sanción a la inasistencia de los diputados a las sesiones del pleno y comisiones.
Código de ética: Fortalecimiento del régimen disciplinario interno para sancionar faltas a la conducta parlamentaria.
Privilegios y transparencia: Eliminación de prerrogativas injustificadas y aumento de los estándares de rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
El gremio empresarial hizo un llamado a los diputados para que reconsideren el alcance de estas modificaciones durante el debate pendiente, priorizando el fortalecimiento de la gobernanza y la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.