Crisis aceleró los trámites digitales en el sector público

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha obligado a las instituciones a eliminar las largas filas para realizar un trámite en ventanilla y a migrar totalmente a lo digital.

En el país había 39 trámites digitales totalmente funcionales.

Posteriormente, con el cambio de administración en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) se habilitaron 57 procesos más, y una vez se reportó el primer caso de COVID-19, se adicionaron 43.

Entre los procesos que se pueden hacer a través de dispositivos móviles y computadoras, están los pagos de servicios municipales, paz y salvo, renuncias de empresas privadas ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, solicitudes sindicales, pago de boletas del tránsito, entre otros.

De igual manera, los bancos y servicios públicos han hecho lo propio para que los usuarios realicen trámites en línea.

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A pesar de la accesibilidad de los procesos, hay quienes prefieren las largas filas, sin embargo, el administrador general de la AIG, Luis Ricardo Oliva, advirtió que es un tema de confianza y que lo ideal para la institución es que el panameño confíe en las plataformas virtuales.

El funcionario señaló que ese es el primer paso para el cambio. Puso como ejemplo, a las empresas que han confiado en este proceso y que actualmente están pagando la cuota obrero-patronal de la Caja de Seguro Social (CSS).

En este sentido, prontamente la institución habilitará el portal web del ciudadano, en el cual estarán centralizados todos los trámites digitales de las instituciones gubernamentales.

Cuando el ciudadano identifica que tiene que realizar algún trámite, inmediatamente acude a la página web de la institución.

No obstante, Oliva reconoció que el ciudadano no debe saber a dónde ir, sino que el Estado le debe dar la facilidad para que él pueda, a través de un solo portal, identificar sus necesidades.

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Asistentes virtuales

La innovación gubernamental ha jugado un papel importante en la lucha contra el COVID-19.

Una vez se detectó el primer caso positivo de coronavirus en el país, el pasado 9 de marzo, la AIG comenzó a interactuar con el Ministerio de Salud (Minsa), para desarrollar una plataforma para atender las consultas de las personas que tenían sospechas o presentaban síntomas del virus.

En este sentido, se creó la plataforma R.O.S.A, la cual utiliza un algoritmo artificial y tuvo su génesis ante la necesidad de las personas que requerían ser atendidas, ya que a través de las líneas de asistencia telefónica, el sistema se saturaba.

Posteriormente, se desarrolló la plataforma NICO, la cual notifica a las personas sobre los resultados de las pruebas de coronavirus, y PACO, una aplicación móvil que le permite a la Fuerza Pública identificar los casos que están en aislamiento domiciliario.

Ley 144

El pasado miércoles 15 de abril, se promulgó en Gaceta Oficial la Ley 144, la cual modifica y adiciona artículos a la Ley 83 de 2012, sobre el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales.

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Al respecto, establece como obligatorio el cumplimiento de las reglas y principios básicos para realizar trámites gubernamentales en línea.

La aplicación de la ley se realizará de forma gradual y progresiva, de acuerdo al cronograma de ejecución anual o multianual de la AIG, por el Gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas y municipales, Órgano Judicial, intermediarios financieros y las sociedades en las que el Estado sea propietario del 51% de sus acciones o patrimonio.

En el caso de las notarías públicas, el Ministerio de Gobierno, en coordinación con la AIG, deberá establecer un plan de modernización y adaptación de estas al entorno digital.

Según la norma, las entidades podrán incluir dentro de su presupuesto anual, los fondos necesarios para el cumplimiento de la agenda digital y los proyectos de innovación.

"Gran parte de los problemas que se tienen es que, en gran medida, las instituciones no poseen el presupuesto para poder desarrollar estos planes. Esta ley nos faculta para eso", dijo Oliva.

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Agregó que se tienen varios trámites en línea, sin embargo, aquellos funcionarios que insistan en que se realicen de manera presencial podrán ser sancionado, ya que la norma también lo permite.

El artículo 22-A de la Ley 144 establece que "la AIG podrá interponerle al servidor público responsable de haber cometido infracciones o faltas relacionadas a la ley, multas sobre su salario bruto mensual hasta el 30% del salario bruto que devengue.

Las autoridades comprometidas dentro del ámbito de la ley, tendrán la obligación de tomar las medidas pertinentes para que se cumpla.

Para ello, queda establecido que en caso de que se identifique el incumplimiento por dolo, negligencia o culpa de algún funcionario público en sus funciones, se tomará causal de despido y se podrán tomar medidas disciplinarias.

Lo previsto en este artículo debe ser reglamentado mediante decreto ejecutivo.

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También se mandata que no se podrán incluir nuevos requisitos que impidan la realización de trámites por medios electrónicos, además de la exigencia de trámites presenciales, en los casos de que exista la alternativa digital.

Plan Panamá Solidario

El sistema que se utilizará para habilitar la cédula como una tarjeta de débito, ya está listo, adelantó Oliva.

Sin embargo, la decisión de su implementación está en manos del presidente Laurentino Cortizo.

La prueba para validar el sistema se realizó en ciertas comunidades, en las cuales 2 mil personas utilizaron la cédula para realizar compras en los supermercados, los cuales fueron seleccionados para este ensayo, detalló el funcionario.

Por el momento, esta ayuda social, la están entregando de puerta en puerta, por un equipo de voluntarios.

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¿Cómo se migra a un trámite digital?

El administrador de la AIG detalló que lo más complicado de migrar al mundo digital, es identificar cuál es la suma de los procesos que hay detrás de un trámite, ya sean autorizaciones o certificaciones.

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