Mides y Senniaf rechazan todo acto que atente contra los derechos de los niños y adolescentes e interponen denuncias ante el Ministerio Público

Tras las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por irregularidades en un albergue en Tocumen,  acusado de maltrato de menores de edad y peculado, el Ministerio de Desarrollo Social indicó que como ente rector de las políticas sociales reprocha y repudia todo acto que atente contra los derechos individuales y colectivos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes.

Mides en conjunto con Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) han interpuesto las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, en cumplimiento con el deber legal de ambas instituciones de salvaguardar el interés de los niños, niñas y adolescentes y el correcto uso de los fondos del Estado, destinados a los proyectos sociales que supervisa la Oficina Nacional de Subsidios Estatales.

Esta información se dio a conocer mediante un comunicado ante las investigaciones que adelantan las autoridades competentes con el objetivo de preservar la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección de las Casas Hogares y Albergues el Ministerio de Desarrollo Social.

“Se tomarán todas las acciones legales y administrativas contra los funcionarios que resulten responsables en las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes”, destacó el comunicado.

El documento destaca que actualmente están en revisión de la normativa que regula los Albergues y Casas Hogares en todo el país, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, tomar acciones y brindar un seguimiento directo para mejorar las capacidades de supervisión.

De igual forma, resaltó que se está fortaleciendo la institucionalidad del ministerio en cuanto al seguimiento de los albergues y del personal contratado por el MIDES y la SENNIAF para el apoyo y monitoreo de los Albergues y Casas Hogares.

Compete al Ministerio Público conducir la investigación del caso y determinar según los resultados de la misma, las acciones que consideren establecidas por la ley.

“Es indispensable señalar que el manejo de información sobre la identidad de los implicados y sobre todo de los menores de edad, así como detalles del caso, se manejen en estricta confidencialidad, a fin de evitar afectaciones a su dignidad e integridad”, precisó el documento.

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Actualmente el Ministerio Público lleva una investigación en un albergue en Tocumen operado por la Fundación de Atención Integral Chilibre Panamá, acusado de maltrato de menores de edad y peculado.

Los menores que residían en este albergue, fueron desalojados por las autoridades y quedaron en custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia e Infancia (Senniaf). A la fundación se le revocó el permiso de operación y se le retiró el subsidio estatal, mientras que el personal que trabajaba en el sitio fue desalojado y se les emitió una orden de alejamiento.

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