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Minsa contrata firma para caso de hospitales paralizados

Alfaro, Ferrer & Ramírez es la firma que prestará sus servicios legales al Minsa por un periodo de siete meses para encontrarle una solución a este tema, por los cuales cobrará 200, 625 dólares.

Francisco Paz - Publicado:

El hospital de Bugaba quedó en 77% de avance. Archivo

La construcción de los cuatro hospitales adjudicada a IBT Health se encuentra paralizada desde noviembre de 2018, por reclamos presentados por la empresa.

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Esto motivó al Ministerio de Salud (Minsa) a contratar en forma directa a una firma de abogados para una consultoría de servicios legales que reactive lo más pronto posible estos proyectos.

Alfaro, Ferrer & Ramírez es la firma que prestará sus servicios legales al Minsa por un periodo de siete meses para encontrarle una solución a este tema, por los cuales cobrará 200, 625 dólares.

Al bufete se le pagará este año 64 mil 200 dólares, mientras que el resto se le cancelará en la siguiente vigencia fiscal.

El Minsa justificó que por tratarse de un tema muy complejo, se requiere de un conocimiento especializado, por lo que se requirió contratar una firma con experiencia en negociaciones contractuales.

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IBT tiene bajo su responsabilidad la construcción de los hospitales Manuel Amador Guerrero, en Colón; Bugaba, en Chiriquí; Anita Moreno, en Los Santos; y Metetí, en Darién.

De todos estos, el más avanzado es el Anita Moreno, que se construye por $106.9 millones y su ejecución anda por 85%.

Le sigue el de Bugaba, que cuesta $62.9 millones y presenta avance de 77%.

Los más rezagados son los de Metetí, que cuesta $75.2 millones y tiene 63% de avance; y el de Colón, que se levanta por $173.7 millones y solo está en 44%.

Hace 11 meses, la empresa decidió suspender la construcción de estos hospitales, por reclamaciones técnicas, económicas y legales, que son los que deberá atender la firma de abogados.

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Alfaro, Ferrer & Ramírez deberá desarrollar un plan de negociación para los cuatro contratos.

Estas obras comenzaron a ejecutarse en 2010 y luego de dos administraciones gubernamentales no han sido concluidos, perjudicando a la población que necesita de sus servicios, estimada en casi 700 mil habitantes.

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