Mulino sanciona ley de acogimiento familiar como protección temporal
El Estado asume la responsabilidad de supervisar y acompañar a las familias acogentes, y asegura que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión.
La ley moderniza la política pública de protección infantil en Panamá. Foto: Pexels
El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal que garantiza el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La nueva normativa, que lleva también la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, define el acogimiento familiar como una medida excepcional y transitoria destinada a menores cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados, mientras se determina una solución definitiva de su situación.
De acuerdo con la ley, el Estado asume la responsabilidad de supervisar y acompañar a las familias acogentes, y asegura que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión. La ley también establece criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias, además de mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.
La ministra Carles de Arango consideró que esta ley representa un paso histórico que moderniza la política pública de protección infantil en Panamá y abre la puerta al nacimiento de una red solidaria de familias dispuestas a ofrecer cuidado provisional bajo supervisión estatal.
“Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley”, reafirmó la ministra.
Hasta ahora, el acogimiento en Panamá se aplicaba de manera limitada y sin una regulación específica, un hecho que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.
Con esta sanción, Panamá adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares seguros, evitando en lo posible la denominada institucionalización prolongada.