Consumidores buscan protegerse ante futuras demandas financieras
Giovanni Fletcher, presidente de Ipadecu, dijo que si no se proveen mecanismos legislativos reales entre proveedores y agentes consumidores, habrá avalancha de demandas jurídicas.
Economistas estiman que esta situación puede incrementar la tasa de desempleo en el país. Archivo
Ante la pandemia que se registra en el país y que ha provocado que entidades financieras otorguen una prórroga a sus clientes para el pago de sus cuentas, los consumidores buscan con un anteproyecto de ley protegerse de las futuras demandas.
La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios aseguran que lo único que buscan con este anteproyecto es proveer mecanismos efectivos que permitan proteger la subsistencia de los consumidores y su familia, que caigan en la incapacidad plena de cubrir sus deudas financieras o crediticias, al momento, en que las medidas de suspensión temporal de los pagos por servicios públicos domiciliarios y/o por deudas privadas se levanten en la práctica.
Asimismo, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar su situación financiera y evitar cualquier situación de exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.
Giovanni Fletcher, presidente de Ipadecu, dijo que si no se proveen mecanismos legislativos reales entre proveedores y agentes consumidores, la avalancha de demandas jurídicas y persecución van a surgir, luego que se diluya la presunta suspensión de pagos por parte de los bancos e instituciones financieras.
En las últimas semanas tanto los bancos como las instituciones financieras han tomado medidas para prorrogar el pago de las obligaciones de sus clientes (consumidores o empresas) hasta un máximo de 90 días, hasta que se levante la crisis de emergencia sanitaria nacional que mantiene la economía del país un poco paralizada.
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Estas medidas fueron tomadas una vez el Gobierno decretó el cierre de varios comercios, lo que generó disminución en la jornada laboral, o la suspensión de contratos laborales ante la crisis económica por la que pasa el país.
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