Mayor cantidad de reclamos en licitaciones se dan por responsabilidad de las entidades públicas
Zaira Santamaría, del Tribunal de Contrataciones Públicas dijo que las fallas radican en el estricto cumplimiento del pliego de cargos de los actos públicos.
Zaira Santamaría, magistrada de Contrataciones Públicas. Cortesía
En la mayoría de los reclamos que tramita el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el problema radica en las entidades públicas.
Esta es la visión de la presidenta de dicho tribunal, Zaira Santamaría de Latorraca, quien describió que las fallas radican en el estricto cumplimiento del pliego de cargos de los actos públicos, que son las reglas sobre las cuales concursan las empresas que desean contratar con el Estado.
La magistrada detalló que hay veces en que las instituciones públicas no pagan a tiempo y, por consiguiente, atrasa a los contratistas y se generan diferencias.
Según Santamaría, ellos valoran todo lo que ocurre y si la empresa no puede seguir con la obra, se le da la razón a la entidad y se confirma la resolución administrativa por la que se elimina el contrato.
"Es bastante difícil tomar decisiones, porque la obra está avanzada y porque sabemos que, al final, vamos a castigar a la empresa, inhabilitándola por varios años, lo que tampoco es bueno para las entidades", mencionó la magistrada.
En la actualidad, el Gobierno prepara nuevos cambios a la Ley de Contrataciones Públicas, una de las herramientas legales con las que cuenta toda administratación estatal para ejecutar sus planes.
En este proceso, la presidenta del Tribunal de Contrataciones Públicas, indicó que no han sido consultados sobre las reformas, sin embargo, han mandado sugerencias.
El proyecto del Ejecutivo, según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, busca establecer nuevos parámetros para que los contratistas no utilicen las acciones de reclamo a las que tienen derecho en una licitación, como una herramienta de dilatación para retrasar el proceso, afectando la ejecución de proyectos necesarios en el país.
La última reforma a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas, se efectuaron en 2020, mediante la Ley 153, de ese año.