Mulino arremete contra PPC y promete revelar "bellezas"
La Contraloría General de la República estima que el perjuicio económico de la empresa al Estado alcanza los 1.2 billones de dólares.
El conflicto entre PPC y Panamá ha ocasionado la retención de al menos 46 embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos. Foto: EFE
El presidente José Raúl Mulino calificó de "infames y mentiras" las recientes declaraciones de la empresa Panama Ports Company (PPC) sobre la solicitud de extensión de plazo hecha por Panamá para presentar ante la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York a sus representantes legales.
Aseguró que el país ya designó al equipo jurídico que lo representará en el arbitraje internacional.
"Nos notificaron un miércoles y había que designar a los abogados el viernes, por eso se pidió la extensión, más nada, pero ya están trabajando los abogados", aclaró.
Mulino también anunció que en horas de la tarde de este jueves o mañana, viernes, el Gobierno emitirá un comunicado revelando "las bellezas" de la compañía.
Sobre las acusaciones de PPC respecto a la inversión extranjera, mencionó que el país continúa reforzando sus políticas para mantener el grado de inversión y crecimiento económico a fin de que más empresas se establezcan en el territorio nacional, a diferencia de ellos que, durante la vigencia del contrato, solo velaron por sus intereses.
"Los únicos que deterioraron al país fueron ellos con todas las maleanterías que hicieron durante la vida de este contrato", sentenció.
Mencionó que se evaluaron a tres grandes firmas de abogados antes de tomar una decisión, sin revelar el nombre del equipo que representará a Panamá en el arbitraje que asciende a más de 1,500 millones de dólares.
El conflicto entre PPC y Panamá ha ocasionado la retención de al menos 46 embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos en respuesta a la decisión del Gobierno que se basa en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El Supremo concluyó que la exoperadora de los puertos de Balboa y Cristóbal había estado entregando menos ingresos al país de los que debería.
La Contraloría General de la República estima que el perjuicio económico de la empresa al Estado alcanza los 1.2 billones de dólares.