Abogados penalistas denuncian ser víctima de espionaje y hostigamiento por parte del Estado

Abogados penalistas de Panamá denunciaron ser víctimas de persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Ministerio Público (MP), los estamentos de seguridad del Estado y le exigen a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, respetar la independencia judicial.

"De cada operación, a cada abogado se le persigue y resulta que el contenido de las operaciones se da sobre sentencias ya ejecutoriadas y cuando se observa las carpetillas, los sujetos que están siendo investigados no aparecen, ni en los informes de inteligencia, ni en los informes de seguimiento", explicó el abogado penalista Valentín Jaén.

Agregó que ellos le inventan un testigo protegido o una interceptación de llamadas, que "cuando se observan esto en tiempo real no se ajusta a la verdad".

Jaén añadió que si se quiera castigar un delito que se haga, pero con la verdad y no con información inventada.

El jurista reiteró que le están solicitando al Ministerio Público el respeto y la debida atención al Código de Procedimiento Penal y que cese la intervención y persecución en contra de los abogados.

El letrado también se refirió al caso de una juez que luego de tomar una decisión en un determinado caso fue citada al Departamento de Recursos Humanos de la Corte.

"Por la actitud valiente de esta jueza se le llama a recursos humanos y no queremos pensar que se le llamó para ser destituida, si ella es destituida, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, genera un mal precedente porque usted no va a permitir la seguridad jurídica, ya que nos vamos a encontrar jueces con temor que no van a tomar decisiones en Derecho porque están custodiando su salario", dijo.

De forma clara, el penalista expresó que de ser cierta la destitución de la funcionaria judicial, sería un mal precedente para la justicia de este país.

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Jaén señaló que van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a poner la denuncia por lo que está pasando y van a pedir protección para los juristas víctima de esta situación.

"Nos hemos reunido aquí para pedirle a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, el respeto a la independencia judicial", sentenció el letrado.

Por su parte, el abogado Alfredo González, indicó que como penalistas han estado viviendo una serie de irregularidades, sobre todo en el área de la administración de justicia penal.

"En ese sentido, nosotros queremos manifestar que aquí en este país se vienen realizando una serie de investigaciones penales denominadas operaciones con diversas denominaciones, en las cuales en su mayoría se vulneran derechos y garantías fundamentales", dijo el jurista.

Agregó que cada uno de los defensores que son partícipes dentro de esas causas, se ven afectados por las persecuciones que los aparatos de seguridad del Estado ejercen sobre ellos.

"Investigan nuestros teléfonos, investigan nuestros bienes, nuestras llamadas telefónicas, nuestras conversaciones, todo lo investigan. Hasta drones ponen en nuestras oficinas y residencias para saber que estamos conversando, algo que no puede ser".

González enfatizó que existen investigaciones en las que, incluso, transcriben conversaciones de los abogados con sus clientes, en una abierta violación a la Constitución Nacional.

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"Aquí vemos a un ministro de Seguridad que de forma abierta y solapada dice que ellos lo meten presos y los jueces los sacan en libertad, pero es que precisamente hacen eso en abierta vulneración de sus derechos y garantías, por lo que precisamente ese es el resultado de errores procesales que cometen tanto la fiscalía como la Policía Nacional con estas personas", precisó.

En tanto, Alfredo Vallarino Alemán, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalista (APAP), advirtió que los jueces están para valorar pruebas y ser independientes en su criterio, no para seguir líneas o caprichos de quien esté gobernando.

El jurista se refirió a informes anónimos donde empiezan a mencionar a colegas dentro de las investigaciones, seguimiento y presencia de drones sobre oficinas de los abogados.

Vallarino exigió al procurador encargado, Javier Caraballo, respetar la profesión y poner fin a la mala práctica de negar expedientes y esconder pruebas.

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