Carretero desmiente a 'La Prensa' y exige al Ministerio Público actuar ante reiteradas difamaciones
El empresario Vicente Luis Carretero desmintió vínculos con Cuba y Venezuela y exigió al Ministerio Público actuar ante querella contra La Prensa.
Carretero desmiente a 'La Prensa' y exige al Ministerio Público actuar ante reiteradas difamaciones
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el empresario Vicente Luis Carretero desmintió categóricamente las publicaciones del diario La Prensa y su director asociado, Rolando Rodríguez, a quienes acusa de entablar una "nueva agresión mediática" y de difamación, publicando, según él, noticias falsas que atentan contra su honra e integridad financiera.
Carretero rechazó los señalamientos que lo vinculan a él y a su familia con presuntos beneficios o contratos con los gobiernos de Cuba y Venezuela, asegurando que jamás ha realizado negocios ni intermediaciones con dichos Estados y que su trayectoria empresarial se enmarca estrictamente en el sector privado e independiente.
"Falsedad Absoluta de las Acusaciones: nunca he realizado negocios, intermediaciones ni contratos con el gobierno de Cuba ni con el gobierno de Venezuela. Ninguno de mis ingresos patrimoniales o comerciales proviene de negocios con esos Estados", subrayó el empresario.
Asegura que su "trayectoria empresarial es lícita y privada: soy un empresario independiente cuya actividad se centra en el sector privado y global. A través de un trabajo honesto y estrictamente apegado a la ley, he generado empleo digno para miles de panameños".
El empresario recordó que mantiene una querella penal activa por calumnia e injuria contra el diario de la 12 de Octubre y el periodista a raíz de una publicación previa. En ese sentido, denunció que Rolando Rodríguez continúa utilizando el periódico para atacar su reputación mientras evade los canales legales, al no haberse notificado formalmente ante las autoridades judiciales por la querella presentada en su contra.
Ante esta situación, Carretero hizo un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe con celeridad e imparcialidad, advirtiendo que la libertad de prensa no puede traducirse en impunidad ni en una "patente de corso" para pisotear el honor de los ciudadanos sin presentar pruebas legales.
De acuerdo con el denunciante, el Ministerio Público no debe permitir que un medio de comunicación y sus periodistas sigan publicando difamaciones sin una sola prueba legal, bajo una total impunidad.
Considera que esta conducta "envía un mensaje peligroso a la sociedad; que, en nuestro país, cualquiera puede destruir o pisotear la honra y la integridad financiera de un ciudadano honesto si tiene una imprenta a su disposición".
Cuestionamientos a la cúpula del diarioEn su pronunciamiento, Carretero rescató además un hecho de conocimiento público: los señalamientos realizados en el pasado por la Embajada de Estados Unidos contra una exdirectiva y miembro de la Junta Directiva de La Prensa, a quien se le atribuyeron conductas de supuesto chantaje, un antecedente que el querellante invocó para cuestionar la postura moral del medio de comunicación.
El reclamo de Carretero se produce en un momento de fuerte escrutinio sobre la actuación del Ministerio Público y el ejercicio periodístico de Rodríguez. Recientemente, la jueza de garantías Marlene Gómez asestó un duro revés al periodista al revocar el archivo de una causa penal por calumnia e injuria presentada por la abogada Odila Castillo.
En dicho fallo, la jueza no solo ordenó reabrir la causa penal contra Rodríguez, sino que reprendió severamente a la Fiscalía por pretender cerrar el expediente de forma apresurada.
La juzgadora recriminó al Ministerio Público por dejar en total indefensión a la víctima y omitir su deber de investigar con objetividad. Si bien en ese fallo Gómez mencionó el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que aborda la Libertad de pensamiento y expresión, también recordó que el Artículo 11 (Protección de la honra y de la dignidad) consagra el derecho de toda persona a recibir la protección de la ley frente a ataques o injerencias que afecten su honor.