Fiscalía insiste en que exoficiales trasegaron con armas ilegales
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública certificó a la Fiscalía que algunas de las armas bajo investigación no se mantienen registradas en su base de datos.
Omar Pinzón, exdirector de la Policía Nacional.
La Fiscalía de Delincuencia Organizada insistió ante el juez de garantías, Erick González, que armas de guerra que entraron al país para uso exclusivo de los estamentos de seguridad fueron a parar a manos de altos oficiales policiales y de civiles.
En este punto, la Fiscalía basó la sustentación de su teoría del caso en la audiencia que se extendió hasta horas de la madrugada de ayer y que terminó con la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares a ocho personas que están vinculadas dentro de este proceso legal.
El juez González dictó el arresto domiciliario para los exdirectores de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón; el del Senan, Belsio González; y el del Senafront, Frank Ábrego, por supuesto tráfico de armas, entre ellos, 13 fusiles IWI, modelo X95, calibre 5.56/.223.
Mientras que al exdirector institucional en asuntos de seguridad pública, Luis Zegarro, y a dos civiles, entre ellos, el empresario Jack Betesh, se les aplicó también arresto domiciliario.
Al mayor Juan Pineda y a un civil, se les dispuso un reporte periódico.
Inicialmente, eran 25 investigados, pero luego se redujo a 19 y el miércoles solo hubo audiencia de imputación contra 8. Ahora se debe programar la audiencia contra el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López.
En el caso de López, una fuente que estuvo presente en la audiencia, indicó que el fiscal de la causa en reiteradas ocasiones hacía mención a él dentro de su teoría del caso.
Misma que se basa en que supuestamente altos funcionarios usaron su cargo para que armas que llegaron con certificación para uso del Estado, supuestamente fueron a parar a manos de altos oficiales y civiles.
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Mientras que la defensa alegó que los fusiles israelíes IWI, modelo X95, calibre 5.56/.223, no son armas de guerra, porque no tienen la capacidad de disparos automáticos, ni de ráfagas.
Esta investigación, que ya acumula 30 tomos, debe extenderse por seis meses.
Los cargos que se le imputan a los exaltos rangos de los estamentos de seguridad y otros son por posesión y trafico de armas.
Este tipo de delitos que se les imputa a estas personas tiene una pena de hasta 20 años de cárcel.
La imputación se hizo en base al artículo 335 del Código Penal, el cual establece que quien, sin estar legalmente autorizado, fabrique, transporte, venda, compre, traspase, introduzca, saque o intente sacar del territorio nacional, explosivos o armas de fuego de cualquier naturaleza, modelo o clase, sus componentes o municiones, será sancionado con prisión de 12 a 15 años.
La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, si el agente se vale de documentos falsos o alterados para realizar cualesquiera de los actos señalados y si la transacción se realiza en nombre del Estado, o si excede los términos del mandato.
Esta investigación se remonta al 11 de marzo del año 2019, cuando la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas abrió la carpeta 201900014171, en base a la información de un "testigo protegido".
En total, son 86 armas que figuran en la investigación, de las cuales se han recuperado unos 13 fusiles, un rifle, 16 pistolas y 4 escopetas.
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