Odebrecht: mismo caso, distintos caminos judiciales en Panamá y Brasil

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá demostró que, aunque se trata de la misma constructora y trama abordada en otros países como Brasil, el manejo judicial es distinto. Mientras en la nación suramericana el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló procesos e invalidó pruebas claves por considerar que estaban viciadas y violaban el debido proceso, a nivel local, la Fiscalía pretende que el fallo de la jueza Baloisa Marquínez se fundamente en estas mismas evidencias.

El litigio contra la compañía, que nace del caso Lava Jato, fue anulado en su totalidad; las pruebas que, en su momento, se presentaron para sustentar la teoría de la Fiscalía no tienen ningún valor, lo que supone que no pueden ser empleadas para fundamentar un juicio apegado a derecho.

Las investigaciones para inculpar a empresarios, políticos y funcionarios brasileños, según el magistrado José Antonio Días Tofolli, estuvieron plagadas de irregularidades, pues se "adoptaron medidas arbitrarias" en la conducción de los procesos, lo que derivó en el uso indebido de pruebas, problemas de competencia territorial y falta de imparcialidad judicial.

Dichas inconsistencias vuelven a tomar relevancia porque en Panamá la Fiscalía Anticorrupción ha sustentado su hipótesis de presunto blanqueo de capitales en las evidencias brasileñas, pese a que se informó sobre su inutilidad; no obstante, la restricción podría levantarse si se comunicaba sobre la finalidad y uso de las mismas, para lo cual se estableció un periodo de 60 días, pero no hubo respuesta.

Ante tal escenario, se estaría incurriendo en las mismas anomalías que Brasil, por lo que el abogado Carlos Carrillo Gomila, en la fase de alegatos, solicitó la absolución para su cliente, el expresidente Ricardo Martinelli, basándose en que para inculpar a una persona se necesita plena prueba penal y la Fiscalía ni siquiera se ha acercado a este requisito.

El letrado mencionó que el magistrado Días Tofolli extendió su fallo de nulidad al exmandatario, expresando claramente que las pruebas desestimadas en Brasil no pueden ser valoradas por el Tribunal.

Agregó que también está pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del caso New Business, en el que se le acusa a Martinelli de supuesto blanqueo de capitales sin respetar el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos.

Carrillo Gomila recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) no ha recibido ninguna solicitud relacionada con el levantamiento de este recurso; por lo tanto, Martinelli no puede ser parte de un juicio que persigue un delito ajeno a los contenidos dentro del acuerdo de extracción, norma que no ha sido respetada por las autoridades judiciales.

La defensa del expresidente espera que la decisión de la jueza Marquínez, quien se acogió al término que establece la ley, respete el debido proceso y amparo de su cliente; de lo contrario, no descartan llevar el caso a instancias superiores.