Publio De Gracia se sacude del escándalo en la DGI, mientras la población pide a los peces gordos
Publio De Gracia reaccionó al Caso Pandora en la DGI afirmando que denunció las anomalías en créditos fiscales. Chapman ordenó despidos y auditoría.
Publio De Gracia se sacude del escándalo en la DGI, mientras la población pide a los peces gordos
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, salió al paso de las recientes investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de créditos fiscales en el denominado caso Pandora, y sostuvo que durante su administración (2019–2024) no solo se detectaron las anomalías, sino que presentó las denuncias en el Ministerio Público.
La reaparición pública de De Gracia se produce luego de que el Ministerio Público ha logrado la aplicación de medidas cautelares para al menos 16 personas imputadas, mientras la ciudadanía y diversos sectores civiles exigen que las investigaciones alcancen a los peces gordos detrás de la lesión patrimonial al Estado.
En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordenó la desvinculación de todos los servidores públicos señalados en la supuesta red de corrupción y solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría integral para identificar las fallas y vulnerabilidades del sistema.
En su pronunciamiento, De Gracia presentó una relación cronológica de las acciones administrativas y denuncias penales que, según indica, interpuso durante su gestión (2 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024):
Primeras anomalías en base de datos (Año 2022): Se recibieron denuncias sobre modificación no autorizada de datos de contribuyentes. Se notificó a los estamentos de seguridad y se abrieron auditorías administrativas internas.
Denuncia penal ante el Ministerio Público (Abril de 2023): Tras detectar posibles resoluciones adulteradas sobre incentivos fiscales, la DGI presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y notificó a los contribuyentes afectados.
Suspensión de trámites de créditos fiscales (Febrero de 2024): Ante el incremento atípico de solicitudes de compensación, se ordenó congelar todos los procesos para ser evaluados por la dirección de la DGI.
Endurecimiento de requisitos (Res. 201-1464) (11 de marzo de 2024): Se promulgaron nuevos requisitos obligatorios, incluyendo declaraciones juradas y reevaluación retroactiva de expedientes en curso.
Impugnación por $20.2 millones (Mayo de 2024): La DGI acudió a la Corte Suprema de Justicia para frenar una orden judicial que exigía reconocer un crédito fiscal de $20.2 millones a favor de un tercero por considerarlo infundado.
Canal de Denuncias y cooperación internacional (Junio de 2024): Se institucionalizó el Canal de Denuncias Web (Res. 201-3984) y se resaltó la colaboración previa con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI).
Modernización tecnológica y auditorías en cursoDe Gracia aseguró que durante su gestión se inició un plan de modernización de la DGI por 40 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reestructurar el sistema e-Tax 2.0 y masificar la factura electrónica.
A pesar de las explicaciones del exfuncionario, sectores de la sociedad civil y gremios de profesionales señalan que la efectividad de las alertas tempranas debió evitar el desfalco de al menos $40 millones con la supuesta manipulación del sistema e-Tax 2.0.
El abogado Miguel Antonio Bernal señaló, a través de su cuenta de X, que si este caso queda en nada, so pretexto de buena fe y de enfermedades crónicas, quedaría en evidencia que el sistema está hecho para la impunidad.
Reiteró que en la administración de justicia urge un cambio, opinión con la que coinciden otros juristas, quienes incluso han ido más allá al cuestionar el trabajo de debida diligencia de los bancos e instituciones para identificar irregularidades de este tipo.
Señalan que la "ingenuidad" de algunos para adquirir créditos fiscales ficticios no es consecuente con su capacidad de negocio; por tanto, surgen más dudas que respuestas sobre sus verdaderas intenciones al adquirir este servicio.
Desde el sector empresarial insisten en que el caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias con sanciones severas, para evitar afectaciones a la reputación internacional de Panamá.