Fiscalía guatemalteca califica de nulas las elecciones
Aún así el Tribunal Electoral de esa nación afirmó que Bernardo Arévalo ganó los comicios y será el próximo presidente de Guatemala.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (c), habla en la entrada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: David Toro / EFE
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
La presunta invalidación de los resultados electorales presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.
Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
“Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados”, aseveró Morales, quien añadió que las votaciones “son nulas de pleno derecho”.
La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para declarar como nulas las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantizó la victoria como presidente de Bernardo Arévalo de León, pese a que el Ministerio Público declaró “nulos” los comicios por supuestas irregularidades administrativas.
La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
“No hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección”, añadió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco.
Alfaro explicó que el Ministerio Público tiene derecho a realizar “investigaciones”, pero que las mismas no implican la anulación de las elecciones y además defendió también la transparencia del proceso.
“No tengo que defender los resultados electorales. Ya los firmamos”, explicó Alfaro.
Consultada sobre si existe un golpe de Estado en Guatemala, la magistrada respondió que ella repite “como los estoicos: un día a la vez, y en este momento” las autoridades electas “están listas para tomar posesión el 14 de enero”, incluyendo el “binomio presidencial”.
Sin embargo, la magistrada explicó que el único organismo que tiene posibilidad de anular los comicios sería la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano.
En la misma conferencia de prensa, la fiscalía también señaló a Arévalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero.
Las acusaciones son un nuevo intento del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, por revertir los resultados electorales en favor de Arévalo de León, quien sorpresivamente ganó los comicios celebrados este año.
Arévalo de León advirtió el 1 de septiembre pasado que Porras lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala” por la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país.
En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei; a la Corte Constitucional; a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los “perpetradores de este atentado” para “defender las instituciones y el orden constitucional”.
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