Fiscalía General Electoral allana oficinas en Arraiján por presunto delito electoral de la alcaldesa Peñalba
La diligencia fue previamente autorizada por un juez de garantías en materia penal electoral.
En estos allanamientos se logró recabar documentación relacionada con la investigación que se realiza en contra de la alcaldesa Stefany Peñalba. Foto. Eric Montenegro
La Fiscalía General Electoral (FGE) realizó este martes tres diligencias de allanamiento en distintas oficinas del Municipio de Arraiján, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo contra la alcaldesa de este distrito, Stefany Peñalba, por presunto delito electoral.
En este caso, la investigación se centra en la presunta utilización de bienes y recursos del Estado para algún tipo de beneficio.
Las diligencias, realizadas de forma simultánea por la Fiscalía Segunda de Atención Primaria de la FGE, a cargo de Marybi Ábrego, abarcaron el despacho de la alcaldesa Peñalba, oficinas administrativas y de compras.
Ábrego informó que la diligencia fue previamente autorizada por un juez de garantías en materia penal electoral.
Agregó que en estos allanamientos se logró recabar documentación relacionada con la investigación que se realiza en contra de la alcaldesa Stefany Peñalba y que deberá ser analizada.
La funcionaria precisó que el Código Electoral establece penas que van desde multas, días de prisión, separación del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Las investigaciones surgen luego de que la alcaldesa Stefany Peñalba pusiera en marcha cuatro buses tipo Coaster para el transporte gratuito de estudiantes, los cuales estaban rotulados con su nombre e imagen.
Se intentó obtener alguna reacción de parte de la alcaldesa Stefany Peñalba a través de su equipo de comunicaciones, pero las llamadas telefónicas no fueron atendidas.
Por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), también se adelanta una investigación contra el Municipio de Arraiján por el uso de imágenes de menores de edad en el rotulado de cuatro vehículos Coaster utilizados como "colegial municipal".
En este caso, el SENNIAF corroboró que la alcaldía no había solicitado el permiso escrito de los padres de los estudiantes que aparecían en el rotulado de los vehículos Coaster.