Asesores han generado debate durante 25 años
La necesidad de asesorarse en la toma de decisiones obligaría a distintos mandatarios a ubicar en el Gobierno a personas de confianza.
La idea de implementar la figura de ministros consejeros en el Gobierno es de vieja data. En 1994, el expresidente Guillermo Endara designó a Roberto Alemán como asesor y fue asignado como ministro de Estado.
Ante esto, el presidente de la Comisión legislativa de Gobierno y Asuntos Constitucionales, José Antonio Sossa, argumentó que se violaba el artículo 153, así como también el 190 de la Constitución Política.
Según el numeral 12 de ese artículo, “le compete a la Asamblea Legislativa determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, entidades autónomas, etc...”.
Sossa explicó que la “ley no ha creado el puesto y, por ende, el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones”.
Según el artículo 194 de la Constitución, “los ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el presidente en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la Constitución y la ley”.
En 2003, Carlos Rodríguez, asesor ad honórem de la expresidenta Mireya Moscoso, anunció que se alejaría de la Presidencia, tras afirmar que presentaba diabetes; no obstante, seguiría atendiendo temas de la presidenta y asesorando vía telefónica.
De los cuatro asesores presidenciales que trabajaron con Moscoso, dos de ellos renunciaron. En este caso, Roberto Eisenmann y Mario Galindo.
En el gobierno del expresidente Martín Torrijos, varios fueron los asesores, entre estos el excandidato a contralor general de la República Bernabé Pérez, quien luego estuvo de asesor del contralor por un periodo de 29 meses.
Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli fue asesorado por el cubano Mario Elgarresta, el brasileño Joao Santana y el venezolano Manuel González Puron, y también el exadministrador de Turismo de Panamá Salomón Shamah.
Comentarios
Caso pendiente en Costa Rica: En enero de este año, el Colegio de Abogados de Costa Rica inició las pesquisas para determinar si dos funcionarios de la Dirección Jurídica de Casa Presidencial ejercen de manera ilegal la abogacía, informó “La Nación”.No poseen títulos: La acusación realizada a los funcionarios Diego González Fernández y Rebeca Sandí Salvatierra sería por no disponer del título de abogado ni formar parte de la organización gremial.Asesores políticos: En Panamá, los asesores han sido conocedores de política y miembros de partidos, caso de Temístocles Díaz, fundador del Movimiento Liberal Nacionalista Republicano (Molirena).