Consejeros del Presidente con privilegio de ministros
A pesar de que los asesores presidenciales no reciben el pago de un salario, estos sí pueden viajar y actuar en calidad de ministros de Estado. Unos 233 asesores ha nombrado el Gobierno en sus primeros meses de gestión, lo que equivale a 5 millones 94 mil 648 dólares en salarios cada año.
Consejeros del Presidente con privilegio de ministros
@JasonMoralesV
El cargo de asesor legal en las instituciones públicas no solo sería una figura inconstitucional en algunos despachos, sino también un gasto millonario para el Estado con privilegios que solo deberían permitirse a los ministros.
Después de entrar en vigencia la nueva administración, en julio de 2014, se han nombrado al menos 233 asesores legales en las distintas entidades, según revela un informe de Contraloría de la República, lo que equivale anualmente a 5 millones 94 mil 648 dólares en salarios.
En cinco años, estos trabajadores habrán devengado del erario público 25 millones 473 mil 240 dólares.
Esto sin contar los funcionarios que laboran en la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial, el Tribunal Administrativo, y la Procuraduría General de la Nación, los cuales no han actualizado su información al respecto.
En este grupo se sitúan también los asesores del presidente de la República Ramón Fonseca Mora, Francisco Sierra y Temístocles Díaz Strunz, quienes durante los últimos meses han obtenido privilegios como cualquier otro funcionario de alto mando.
Estos funcionarios serían nombrados por el presidente en calidad ad honórem y no cobrarían un salario, sin embargo, pueden viajar y ser parte de la dieta que presupuesta la Presidencia para acompañar al mandatario.
Según el abogado y experto en contrataciones públicas Ernesto Cedeño, los consejeros no son ministros de Estado, por no contar con una cartera a su cargo y que haya sido creada por el Órgano Legislativo.
Esto implica no poseer privilegios y obligaciones como los ministros de Estado, aunque en estos ocho meses de gestión, asesores del presidente han viajado y participado de actividades internacionales en calidad de ministros.
Este es el caso Francisco Sierra, quien acompañó al presidente Varela en el encuentro en Davos, Suiza, celebrado a principios de este año, y en compañía de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo.
Anteriormente, Sierra fue el vicepresidente de Finanzas del Banco General y miembro de la Junta Directiva de Cable Onda.
Por su parte, otro de los asesores, Ramón Fonseca Mora, quien es socio fundador del bufete Grupo Mossack & Fonseca, sería objeto de investigación por la creación de cuentas anónimas responsables del blanqueo de capitales en países tanto de Europa como América, y de colaborar con el traslado de importantes sumas procedentes del terrorismo.
Según el abogado Ernesto Cedeño, el artículo 183 de la Constitución establece claramente las atribuciones del presidente de la República, que serían “nombrar y separar libremente a los ministros de Estado”.
No obstante y según describe Cedeño, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios, el artículo 159 de la Carta Magna, en el numeral 12, establece que se realizará a través de la intervención de otro órgano del Estado, que en este caso sería la Asamblea Nacional.
El jurista va más allá al afirmar que “los ministros de consejeros” no deberían participar de las reuniones del Consejo de Gabinete.
En la administración pasada, diversos frentes sociales cuestionaron el nombramiento de los exministros Federico Suárez y Franklin Vergara Jaén como consejeros en materia de obras públicas y salud, respectivamente.
En una publicación de la Gaceta Oficial Digital, se especificaba que las designaciones serían en calidad ad honórem y no cobrarían un salario.
Al igual que a ellos, el Gobierno ha nombrado a figuras pertenecientes a gremios y la sociedad civil con el cargo de asesores en puestos privilegiados.
Este es el caso del sindicalista Mariano Mena, quien devenga un salario mensual de 5,000 dólares en el Ministerio de Gobierno como asesor tipo uno. En esa institución se han nombrado 17 asesores con salarios que van de 1,300 a 5,000 dólares mensuales.
Otro de los representantes de los trabajadores, Samuel Rivera, labora como secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Incluso en la lista de asesores estaría, en el Ministerio de Salud (Minsa), Julio Santamaría, quien no aceptó al principio de la administración Varela el cargo de ministro.
Santamaría estaría ganado unos 5,620 dólares como asesor tipo uno en el Minsa.
Asesoría empresarial
A juicio del excandidato a la alcaldía capitalina Fernando Cebamanos, no se conoce quiénes son los asesores del presidente ni se sabe de sus funciones o cuánto ganan.
Añadió que todavía no se sabe hacia dónde quieren conducir el país y han tomado decisiones a la medida. “Se habla de agua potable, pero hay gente que no tiene agua; lo más probable sea la privatización del Idaan -Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales-; igual pasa con la salud y la educación”.
Cebamanos afirma que se vienen implementando políticas que podrían afectar la calidad de vida del panameño, y en materia de transparencia, cualquier Gobierno debe dejar en claro esta disposición.
El pasado empresarial de los asesores del Gobierno daría visos de una administración del Estado en modo privado, y de allí la intención de querer deteriorar los servicios públicos para justificar la privatización de las entidades públicas, advirtió el médico.
Una de las instituciones que enfrentaría este peligro sería la Caja de Seguro Social (CSS), donde ya grupos de trabajadores han pedido que se esclarezca el plan que existe para unificar el sector salud.
En este sentido, el asesor presidencial Temístocles Díaz ha planteado que la meta del Gobierno sería construir un sistema nacional de salud centrado en la persona, para lo cual se establecerían mecanismos que garanticen la atención oportuna y que satisfagan la demanda (...).
Cifras
25 millones 473 mil 240 dólares en salarios ganarían los asesores del Gobierno en cinco años.233 nuevos asesores legales han sido nombrados por el Gobierno en las instituciones públicas.