Juristas advierten golpe al sistema judicial panameño

Los ataques que recibe el Órgano Judicial por parte de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, el Ejecutivo y el Legislativo, ante las decisiones de los jueces, tendrían la intención de darle un golpe sistemático a este órgano del Estado.

Lo anterior se desprende del análisis que realizan juristas sobre las declaraciones de los altos mandos del Gobierno que han salido a acusar al Órgano Judicial por no conceder prórrogas en las investigaciones que sigue el Ministerio Público (MP) en el caso Odebrecht, pese a haberse ordenado detenciones.

Se trata de la intervención del Órgano Ejecutivo, liderado por el presidente Juan Carlos Varela, y representantes del Legislativo, que han contrariado las decisiones del Órgano Judicial, lo cual es peligroso para el país, según algunos juristas.

Ayer, tras las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, en las que pidió a los panameños que respalden la continuación de las investigaciones del MP, una comisión de cinco diputados se reunió con la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, para abordar el caso Odebrecht.

Al salir de la reunión, los diputados emplearon la misma declaración del presidente Varela, en la que solicitó que las investigaciones por el caso Odebrecht no deben detenerse.

Ante esto, figuras como el abogado Víctor Almengor opinaron que las declaraciones de los diputados y el propio presidente representan una intromisión en el Órgano Judicial, que se convierten en muy peligrosas porque le quitan la independencia al sistema.

Explicó que la declaración de los diputados de hacer cambios a las normas penales (tras el veredicto de la jueza Lania Batista de negar prórroga) no puede permitirse porque, a medida que salen los problemas, se quiere actuar, cuando ya el sistema ha demostrado que está colapsado.

Ayer gremios que aglutinan a jueces, magistrados y defensores de oficio exigieron respeto a la separación de poderes y a las decisiones judiciales. Además deploran la incitación al desorden y al desconcierto como fórmulas para revertir resoluciones emanadas de los juzgadores. Resaltan que la violencia en todas sus formas, impide el desarrollo social e individual, meta de toda convivencia humana.

En tanto, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede) reclamó que la Procuraduría "ha cometido errores y omisiones que han contribuido de manera especial a llevarnos a la situación que la propia procuradora ha denunciado".

La Apede explica que para el MP no era un secreto que contaban con dos meses, a partir de la primera detención, para remitir el expediente con su vista fiscal y no es la primera vez que confronta un revés procesal por inatención a los plazos improrrogables que le confiere la ley".

Mientras que juristas han planteado que la única justificación que puede existir a las actuaciones del MP sería crear un caos en el sistema de justicia, lo cual ha sido una alternativa empleada por los militares en otros gobiernos.

Para el abogado y exvicepresidente Arturo Vallarino, es lastimoso que existan diferencias entre los entes encargados de investigar el delito, pero podrían buscar la defensa de personas muy allegadas.

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El jurista manifestó que gran parte de la culpa es atribuida a la procuradora general, Kenia Porcell, al hacer declaraciones sin sustento sobre los casos que investiga.

"En este caso de Odebrecht ha habido demasiado tiempo para que el Ministerio Público realizara las investigaciones, y no hay razón para que la Procuraduría no haya hecho el trabajo", señaló.

Sostiene que desde que la procuradora montó un show por el arresto del alcalde del distrito de Los Santos, ha ido perdiendo toda credibilidad porque hace acusaciones que después no puede demostrar ni sustentar.

Entre tanto, el abogado Miguel Antonio Bernal afirma que "todo parece indicar que aquí se está gestando lo que en ciencia política se le conoce como golpe de Estado técnico, y se asemeja mucho a lo que en su momento hizo el expresidente Alberto Fujimori en Perú, cuando se deshizo de la Corte Suprema para desviar la atención de la ultracorrupción que se había montado en ese país".

Bernal afirma que "cualquier parecido aquí en Panamá, no es coincidencia".

Incluso, cuando se haya producido un levantamiento de las masas propiciado por organizaciones como Justicia y Paz, Transparencia Internacional y Movin, cuyos dirigentes han seguido la línea del Gobierno, de ripostar sobre decisiones como la de la jueza Lania Batista, de negar una prórroga de dos meses en la investigación del caso Odebrecht.

Ayer un grupo de ciudadanos se manifestó en la Corte Suprema, y con pailas en mano le reclamaron al Órgano Judicial por la decisión de la jueza Batista, quien se abocó al artículo 2033 del Código Judicial, el cual establece un término de seis meses para investigar en caso de que existan detenidos.

Sin embargo, el abogado Bernal dijo que los actores de este trama "buscan al final burlarse del pueblo y garantizar la impunidad, engañando a la población haciéndole creer que los únicos malos son los del Órgano Judicial".

"Estos son dos alas de un mismo pájaro; uno el Órgano Judicial y otro el Ministerio Público son las alas, y el cuerpo la justicia que no puede volar", comparó el abogado al coincidir en que el Ministerio Público no ha querido investigar a fondo el caso Odebrecht, pues ha tenido dos años y medio para hacer las diligencias y no las ha hecho.