La diligencia se realizó en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, como parte del seguimiento por presunto enriquecimiento injustificado.
De acuerdo con la abogada de la iglesia se han realizado las debidas diligencias y no se ha podido conocer dónde está el dinero.
El sujeto es investigado desde el año 2025 cuando es señalado por supuestos delitos sexuales en perjuicio de una menor.
Además en San Miguelito se decretó la detención provisional y la imputación de cargos a dos hombres por violencia doméstica.
El director de Acodeco señaló que durante la verificación de la documentación mucho de estos son falsificados.
Desde las violaciones al principio de especialidad hasta opinión del CNA se presentaron.
La investigación preliminar detalla que los miembros de la organización sacaron provecho de sus cargos para evadir controles legales y aduaneros.
Valverde aseguró que le ofrecieron $100 mil para apoyar a Revisalud, que hasta el 18 de enero tenía la concesión de la recolección de desechos en San Miguelito
Este llamado se reitera tras la denuncia presentada por la CSS ante el Ministerio Público, por presunto fraude.
Se ordenó la detención provisional para el jurista; mientras que al pastor se le ordenó el arresto domiciliario debido a su edad.
De acuerdo con el diputado Camacho, la presentación de nuevas pruebas deja en evidencia las prácticas corruptas de funcionarios del MP.
El diputado criticó la reciente presentación de supuestas “nuevas pruebas” provenientes de Estados Unidos.
El atacante Alexander Álvarez llegó a la casa en estado etílico y discutió acaloradamente con su pareja, tomó un arma de fuego con la cual disparó varias veces.
El hecho de tránsito ocurrió a la altura de la comunidad de San Martín, que pertenece al corregimiento de Cativa en Colón y esperan identificar a la víctima.
La Fiscalía Regional de Panamá Oeste aprotó los elementos probatorios que llevaron al indiciado a declararse penalmente responsable.
La ministra Dinoska Montalvo, dijo que todas las anomalías que vayan encontrando serán denunciadas ante el Ministerio Público.
A la fecha, la auditoría realizada a lo interno de la CSS ha detectado 52 casos que están documentados y que fueron presentados en la fiscalía.
En la provincia de Colón se registraron varios incidentes que dejaron a su paso, víctimas fatales, un menor herido y hasta detenciones por riña.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
