Asamblea cita a directivos de Minera Panamá y de puertos para que rindan cuentas
Diputados señalaron que es importante la citación para que brinden un informe detallado sobre cuál es el estado financiero de las empresas minera y portuarias.
Los directivos de ambas empresas deberán presentar un informe financiero. Foto: Panamá América.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó citar a los directivos de Minera Panamá y de los principales puertos marítimos del país, con la finaldiad de que presenten un informe financiero y lo sustenten detalladamente.
La solicitud fue hecha por los diputados Juan Diego Vásquez, Jairo Salazar y Luis Ernesto Carles. Ellos plantearon que es importante la citación para que brinden un informe detallado sobre cuál es el estado financiero de las empresas minera y portuarias, su aporte o ganancia, producto de las concesiones, y sus obligaciones con el Estado Panameño.
Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), admitió en el 2018 una denuncia de bien oculto por los supuestos dividendos no declarados ni pagados por Panamá Ports Company (PPC) al Estado, como resultado de su participación del 10% del capital real de la empresa.
La denuncia fue presentada por Pedro Meilán, abogado y exadministrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
De igual manera, la instancia parlamentaria prohijó cuatro anteproyectos de Ley, el 002, que establece un periodo de moratoria para el pago de multas y recargos generados por el no pago de Tasas Únicas por las Sociedades y las Fundaciones de Interés Privado, y el 008, que modifica un artículo del decreto de Gabinete 224 de 1969, Orgánico de la Lotería Nacional de Beneficencia, referente a la Comisión de Billetera.
Asimismo, dio visto bueno al anteproyecto de Ley 80, que concede una moratoria en concepto de recargos, intereses y multas que mantienen las personas naturales, jurídicas y organizaciones no gubernamentales de los impuestos causados ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y el anteproyecto de Ley 100, que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la DGI.
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Finalmente, se inició el primer debate del proyecto de Ley 56, que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros; no obstante, se pidió un receso hasta el miércoles.