Diputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares son abandonados a su suerte en Guatemala

La exprimera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, denunció que la Cancillería de Panamá seguirá permitiendo que Guatemala "mancille" los derechos de los diplomáticos panameños Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos ilegalmente en ese país Centroamericano.

Linares de Martinelli indicó que las autoridades de la Cancillería les informaron que no harán más de lo que han hecho hasta este momento en el caso de los diputados panameños y que tampoco harán valer el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Este artículo señala, explícitamente, que "las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona".

Agregó que en Cancillería les comunicaron que su potestad no llega hasta lo que ellos están solicitando, que es la protección de sus hijos en el extranjero, algo que ya se ha hecho anteriormente en otros casos.

"Sencillamente, quedamos en lo mismo, no van a hacer nada y simplemente tenemos un Gobierno que funciona dependiendo del apellido de la persona. Quiero que sepan los ministros y todos los diplomáticos que cuando tengan un problema en el exterior, su Cancillería no va a hacer nada", sentenció.

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho González señaló que es frustrante lo sucedido en la reunión con las autoridades de la Cancillería y demuestra la negligencia de las autoridades panameñas en el caso de los diputados Martinelli Linares.

Jueza parcializadaPor otro lado, en el caso de los pinchazos que involucra al expresidente Ricardo Martinelli, la jueza de garantías, Elkis Martínez, debió declararse impedida para conocer la afectación presentada, ya que existe una enemistad manifiesta entre su persona y el exgobernante.

La jueza que avaló la teoría del exmagistrado Jerónimo Mejía de que la admisión de la querella es la imputación, es hija del exdiputado Juvenal Martínez, enemigo político manifiesto de Martinelli.

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La actuación de Martínez es calificada como un "exabrupto" y deja en evidencia las falencias del sistema de justicia, donde una persona tiene que ser juzgada por otra con la que mantiene una enemistad.

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), si hubo expresiones de que había un grado de enemistad pública que involucra al padre de la jueza que le tocó determinar el rumbo personal y político del exgobernante Martinelli, es "evidente que hay disposiciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico que prevén esto y la misma se debió declarase impedida".

Ante esto, indicó que le parecen correctas las actuaciones del expresidente Martinelli, en el sentido de hacer públicas las condiciones o situaciones que él considera que han vulnerado sus derechos.

Recordó que hay herramientas legales para evitar este tipo de situaciones.

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