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La estrategia que deja acorralado a Publio De Gracia

La investigación detalla cómo Publio De Gracia saldaba tarjetas de crédito "al cash" sin dejar trazabilidad, ni ningún rastro del dinero.

Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | PanamaAmerica - Actualizado:

Publio De Gracia, quien estuvo al frente de la DGI durante la administración del PRD, fue imputado por supuesto enriquecimiento injustificado.

Tocar la fibra social sobre la desigualdad y la pérdida de empleos que golpearon al panameño de a pie durante y después de la pandemia del coronavirus, pareció ser la estrategia del Fiscal Anticorrupción Eduardo Rodríguez para lograr convencer al juez Fermín Bonilla de decretar la detención provisional del exdirector de la DGI, Publio De Gracia.

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La estrategia de la Fiscalía, centrada en remarcar cómo el exfuncionario presuntamente llevaba una vida de lujo mientras el país atravesaba su peor crisis económica reciente, al parecer fue determinante para fundamentar el riesgo de fuga, la posible afectación de pruebas y el daño a la confianza en la función pública.

Préstamos y pagos "al cash" sin trazabilidad

De acuerdo con las investigaciones, el desbalance patrimonial de De Gracia es abismal. Antes de ingresar a la Dirección General de Ingresos (DGI), el exfuncionario laboraba en la empresa privada con un salario de $2,400 y ahorros que no superaban los $20 mil. Sin embargo, su gasto posterior rozó los $2 millones, dejando una brecha de más de $724 mil que no ha podido justificar.

El modus operandi presentado por el fiscal Rodríguez consistía en solicitar préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito para luego saldarlos rápidamente y casi en su totalidad en efectivo.

Tan solo en tarjetas de crédito, De Gracia habría consumido y cancelado más de $700 mil al "cash", un mecanismo utilizado supuestamente para evitar la trazabilidad bancaria sobre la procedencia de los fondos.

Reuniones fuera de la DGI y denuncias de acoso

El caso dio un giro revelador con el testimonio de Ninoshka Ríos Samaniego, exasistente en la DGI.

Ríos, cuya aprehensión fue legalizada por la juez Sheryl Toulier, dejó al descubierto reuniones fuera de la institución con personas ajenas a la entidad para acordar asuntos vinculados a la DGI.

Asimismo, la investigación detalló transferencias de más de $60 mil hacia Ríos y un "préstamo" de $10 mil para la compra de un vehículo. En su declaración, la exfuncionaria, imputada por blanqueo de capitales, confesó haber vivido bajo temor debido al acoso de De Gracia, situación que la obligó a desplazarse hacia el interior del país.

Medidas cautelares para la esposa por razones de salud y custodia

En la misma audiencia se evaluó la situación jurídica de la esposa de De Gracia, Elaine Salteiro González. A pesar de que la Fiscalía indicó que sus cargos también se encuentran comprometidos, el juez Fermín Bonilla optó por no aplicarle la detención en prisión.

La decisión del juez se fundamentó en razones humanitarias y de protección familiar:

La pareja tiene bajo su custodia a un hijo de 6 años cuyos derechos se verían afectados con la detención de ambos padres.

Salteiro padece complicaciones de salud tras haber sufrido una isquemia, sumada a cuadros de estrés y ansiedad.

Por estos motivos, se le otorgó la medida cautelar de reporte periódico dos veces por semana, impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con los demás involucrados y la obligación de mantenerse en su domicilio.

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