Sistema penitenciario exige 'mano dura'

El colapso del modelo penitenciario panameño ha sido un secreto a voces durante muchos años; por ello, la fuga masiva a inicios de mes, según diversos sectores, no fue una sorpresa, sino una confirmación de lo que ya se sabía: la corrupción ha permeado el sistema, convirtiendo a quienes se desenvuelven diariamente dentro de esta estructura en parte del problema.

Dicho régimen, a juicio de Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), requiere cambios profundos y mano dura sin que ello pueda malinterpretarse como un agravio a los derechos de los privados de libertad; al contrario, sus garantías deben respetarse, pero con disciplina suficiente para que cumpla su cometido.

Señaló que la evasión de 195 reos del centro penitenciario La Joyita constituye un "hecho gravísimo" que, además de poner en evidencia las deficiencias del aparato penitenciario y los mecanismos de seguridad del Estado, expone a la población a riesgos inaceptables.

El diputado y abogado Ernesto Cedeño ha mencionado que, pese a los gobiernos, las fallas en la estructura carcelaria siguen siendo las mismas porque, hasta la fecha, no se ha realizado una reingeniería total que ponga fin a los actos de corrupción; por ello, el reto del Órgano Ejecutivo es "corregir las cosas, pero hacerlas bien".

La ciudadanía, por su parte, exige a las autoridades evaluar al personal que custodia y administra los penales, pues, en la mayoría de los casos, son quienes facilitan el ingreso de artículos prohibidos como armas, celulares, bocinas y sustancias ilícitas a cambio de dinero, ya que, a diferencia de los familiares, no son objeto de revisión.

El Ejecutivo, luego de semanas en silencio, reconoció que lo ocurrido es una "vergüenza" y adelantó que el próximo 1 de julio dará a conocer a la ciudadanía las "duras" modificaciones que se introducirán al sistema con el objetivo de mantener el orden, la disciplina y el aislamiento.

"Generaremos los cambios necesarios, primero con los funcionarios que incumplieron su deber y después con una cultura carcelaria que debe cambiar, adaptada a las necesidades actuales. Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes con nuevas estructuras y políticas públicas", indicó el presidente José Raúl Mulino durante su conversatorio semanal.

Agregó que las investigaciones para dar con los responsables y recapturar a los evadidos siguen su curso; mientras tanto, no entregará "cabezas" porque eso no soluciona el problema de fondo.

No obstante, admitió que la vinculación de presos en actividades ilícitas cuenta con el aval de quienes cuidan las puertas.

Sobre el traslado de 29 detenidos de alto perfil a la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Coiba, aseguró que la medida busca salvaguardar la seguridad nacional. La instalación, a diferencia del resto de penales del país, está totalmente aislada de la urbe y sin conexión a internet, lo que evitaría la coordinación de actos delictivos y estafas en perjuicio del resto de la población, por lo que se analiza la posibilidad de que sea una decisión permanente.

La base, según Mulino, no representa ningún peligro para el ambiente porque no está dentro del perímetro del parque; sin embargo, la diputada independiente Janine Prado solicitó que lo dicho fuese demostrado con coordenadas oficiales y delimitación legal vigente.

El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba informó que solicitará al Gobierno información para asegurar que cualquier actuación dentro del mismo se ajuste a la legislación vigente.