Suspensión de contratos de carrera administrativa es para satisfacer aspiraciones políticas del nuevo gobierno

Unos 70 mil trabajadores del sector público podrían perder su estabilidad laboral con los cambios realizados a la Ley de Carrera Administrativa, a través de la Resolución 39 del 9 de julio de 2019, que adoptó medidas temporales para la ocupación de puestos vacantes en el Gobierno Nacional.

Esto, luego de que el Gobierno decidiera suspender las contrataciones bajo la Ley de Carrera Administrativa, tras recibir una serie de denuncias de supuestas irregularidades en el nombramiento de funcionarios en los últimos meses del gobierno de Juan Carlos Varela.

De acuerdo a la resolución, "Aparentemente en desconocimiento de las normas contempladas en la Ley 9 de 1994 que instituyó la Carrera Administrativa. Esa ley dio vida a la Junta Técnica y Rectora de la Carrera Administrativa, encargada de avalar los concursos".

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David Montenegro, director de Carrera Administrativa en el Gobierno pasado, indicó que la suspensión de los contratos bajo la Carrera Administrativa se da para satisfacer las aspiraciones políticas del Gobierno recién establecido.

"Suspender los nombramientos a través de Carrera Administrativa en estos momentos es un retroceso y nefasto", denunció el exfuncionario.

Montenegro indicó que una resolución como la emitida por el Órgano Ejecutivo no está por encima de una ley, por lo que considera esta medida adoptada como una ilegalidad.

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"Nombrar de manera interina y discrecional a todos los funcionarios a través de esta resolución y no saber hasta cuándo se seguirá aplicando este resuelto, es preocupante", enfatizó el exdirector.

Expresó que con esta medida se pone en peligro a todos los funcionarios amparados bajo esta ley.

Montenegro manifestó que actualmente son entre 65 mil y 70 mil servidores públicos en carrera administrativa.

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Funcionarios como maestros, doctores, miembros de los estamentos de seguridad y otros cuentan con sus propias leyes y no están bajo el amparo de la Carrera Administrativa.

Montenegro agregó que luego de la emisión de esta resolución se encuentran realizando los estudios correspondientes para interponer las demandas, ya que consideran que es ilegal la decisión tomada por el gobierno de Laurentino Cortizo.

Otro que reaccionó a la decisión tomada por el nuevo Gobierno frente al tema de la Carrera Administrativa fue el exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y actual diputado de la Asamblea Nacional, Luis Ernesto Carles.

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A través de su cuenta de Twitter señaló que "la suspensión de los efectos de la Ley de Carrera Administrativa en lo que respecta a la adjudicación de posiciones por concursos y méritos es un retroceso a la dignidad y profesionalismo de miles de trabajadores públicos".

Añadió que la última reforma a esta norma, aprobada en 2017, fue producto del consenso y diálogo de todos los sectores que contó con el voto favorable de todas las bancadas de la Asamblea.

"La estabilidad laboral, más que una conquista es un derecho universal inherente al ser humano", indicó el exministro.

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El diputado agregó que el sistema de méritos y concurso es el único método de contratación que establece la ley y se fundamenta en los artículos 2 y 25 de dicha normativa.

"Hay que respetar los derechos y la dignidad de los trabajadores del sector público, independientemente de sus afiliaciones políticas", concluyó.

A pesar de los señalamientos del exministro, hay quienes indican que esa ley no ha sido usada de la mejor manera.

En este sentido, el abogado Roberto Díaz a través de Twitter dijo: "Lastimosamente esa ley ha sido usada y modificada por cada gobierno. Con Mireya Moscoso se congeló el ingreso y se desafiliaron servidores sin cumplir méritos y requisitos".