Condenan a miembros de secta religiosa a 6 y 5 años de prisión por tentativa de homicidio
Los sentenciados se declararon responsables de los hechos que se registraron durante un supuesto acto de expulsión de “demonios” en una ceremonia de la secta religiosa a la que pertenecían.
Como pena accesoria, se inhabilitó a estas personas para ejercer funciones públicas por cuatro años. Foto: Mayra Madrid
Un juez de garantías en la provincia de Bocas del Toro, validó el acuerdo de pena realizado entre la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio y seis personas indígenas integrantes de una secta religiosa, como responsables del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un joven de 26 años de edad.
En este caso, a Orlando Flores Bordones se le impuso una condena de 72 meses de prisión (6 años).
Mientras que a Casimiro Santos Sala, Wilmer Almanza Miranda, Gabriel Flores Bordones, Migdalia González Rodríguez y Ofelia Flores Bordones se les sentenció a 60 meses de prisión (5 años), cada uno.
Como pena accesoria, se inhabilitó a estas personas para ejercer funciones públicas por cuatro años, una vez cumplida la sanción principal.
En la audiencia de validación de acuerdo de pena participó el fiscal de Homicidio, Juvencio Caballero Solé y los representantes legales de cada uno de los sentenciados.
Los hechos se registraron en junio de 2020, en la comunidad de Toncrick, distrito de Santa Catalina, cuando los seis sentenciados mediante el uso de la fuerza, causaron lesiones físicas a la víctima, quien además era familiar de los agresores.
Los sentenciados, para el acuerdo de pena, se declararon responsables de los hechos que se registraron durante un supuesto acto de expulsión de “demonios” en una ceremonia de la secta religiosa a la que pertenecían.
El Ministerio Público también mantiene otras investigaciones en contra de al menos seis personas, presuntos integrantes de una secta religiosa que operaba en el sector Llano Amador, corregimiento de Agua de Salud, distrito de Ñurum, comarca Ngäbe-Buglé.
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Esta supuesta secta operaba en la comunidad de Guayabal en la zona central de Veraguas, donde mantenían secuestrados a varios adolescentes y niños que presuntamente eran golpeados.
En este caso, uno de los menores que mantenían privado de libertad,logró escapar y llegó a la población Batata, donde pidió ayuda para que sus agresores no lo mataran.