Vertedero ilegal en La Chorrera es un delito ecológico
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) fue alertado por la Interventoría Municipal, a mediados del mes de abril, de la existencia del botadero clandestino.
En el área se quema todo tipo de materiales contaminantes, entre estos plásticos y neumáticos. Foto. Eric Montenegro
Un grupo de menores de edad y adultos, fueron ubicados por funcionarios de instituciones de gobierno, durante una inspección nocturna realizada a un vertedero ilegal, ubicado en el sector costero de Playa Chiquita, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) fue alertado por la Interventoría Municipal, a mediados del mes de abril, de la existencia del botadero clandestino.
El informe presentado por los técnicos de MiAmbiente da cuenta de la existencia en este sitio de desechos de construcción, desperdicios avícolas y de otros residuos orgánicos e inorgánicos.
Otro de los hallazgos fue la quema de todo tipo de materiales contaminantes, entre estos plásticos y neumáticos.
Agrega el informe preliminar, que todo ello afecta a los manglares existentes en el área y el agua de mar, lo cual puede ser considerado como un grave delito ecológico.
La normativa vigente establece sanciones económicas por la disposición ilegal de llantas u otros desechos a las personas que sean encontradas haciendo uso de vertederos ilegales.
Miguel Pérez, funcionario de Saneamiento Ambiental de la regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Panamá Oeste, indicó que se debe sanear el lugar mediante la cobertura de los desechos con material selecto.
Por parte de la Empresa Metropolitana de Aseo Emas by Veolya (Panamá) se recomendó la colocación de una garita control con cámaras de videovigilancia.
En tanto que la Interventoría Municipal y Administración de Justicia del Municipio de La Chorrera también se adoptaran medidas para el cierre del vertedero ilegal.
El informe levantado por los funcionarios de MiAmbiente será enviado al Ministerio Público (MP) en donde se deberán adelantar las diligencias por la comisión de un delito ecológico.
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