Diputada Zulay Rodríguez pide frenar fuga de capitales con textos escolares
A la diputada le preocupa que los libros los están editando en El Salvador. ¿Por qué tienen que hacerlo así?, está pasando lo mismo cuando vienen empresas extranjeras toman el dinero de todos los panameños y se lo llevan para afuera", dijo.
Zulay Rodríguez dice que debe pararse esta fuga por la desaceleración.
Luego de que el Ministerio de Educación anunció que imprimirá un millón de textos escolares usando como base El Salvador, la diputada Zulay Rodríguez le pidió al presidente Laurentino Cortizo que sancione el proyecto de ley sobre reciclaje y reutilización de estos libros para frenar la fuga de capitales al extranjero.
"Lo que me preocupa a mí es que los están editando en El Salvador y yo me pregunto, ¿por qué tienen que hacerlo así?, está pasando lo mismo cuando vienen empresas extranjeras toman el dinero de todos los panameños y se lo llevan para afuera", dijo.
Rodríguez, proponente del proyecto 105 que fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, señaló que "estoy rogándole a Dios y cruzando los dedos que no lo vete (Cortizo), porque esos textos tienen que hacerse por panameños.
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"El problema es que estás poniéndole un freno a la industria panameña, afectando a empleados panameños y llevándote el dinero de todos en una fuga de capitales", enfatizó.
"Estamos hablando de crisis económica, estamos hablando que falta dinero... no se lleven lo poquito que nosotros tenemos para ayudar a otros países y no ayudar a los nuestros", recalcó en tono enérgico.
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Insistió en que el proyecto beneficia en cadena a los panameños, porque permitiría la reutilización de textos escolares, generaría empleos con su impresión en Panamá y le permitiría ahorrar a los padres de familia.
¿Por qué tienen que ir a El Salvador, Nicaragua o a México?, "eso hay que pararlo, hagamos eso aquí, que el dinero circule aquí", afirmó la perredista.
El proyecto establece que el Meduca adquirirá textos para los estudiantes en calidad de préstamo, sin costo para los acudientes, y plantea que estos tendrán una vigencia de cinco años, salvo cuando los autores o casas editoriales logren su reevaluación.
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