Minsa tendrá una dura batalla con el COVID-19 en las cárceles del país
En los penales panameños las condiciones son muy deficientes por el marcado hacinamiento existente, la insalubridad de sus instalaciones, la falta de atención médica, medicinas e insumos.
La cárcel Nueva Esperanza en Colón, una vetusta e insalubre instalación, fue la primera en presentar casos de COVID-19.
Luego de que el Colegio de Abogados advirtió que el COVID-19 puede causar "estragos" en las cárceles del país, Panamá América revisó el protocolo para la atención y manejo de pacientes en penales y centros para menores y constató que las recomendaciones son difíciles de cumplir.
Reos de la cárcel Nueva Esperanza en Colón se amotinaron el domingo y lunes para protestar por las condiciones de reclusión y ante la aparición de dos casos de COVID-19 en el penal.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados afirmó que el Gobierno está sentado sobre un "barril de pólvora" con la llegada del COVID-19 a las cárceles.
Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) elaboró una amplia "Guía para el manejo de pacientes con COVID-19 en cárceles para adultos y centros de menores", con puntos que son difíciles, sino imposibles de cumplir, por la naturaleza del sistema carcelario panameño.
El Minsa recomienda que se evite el hacinamiento, mantener una ventilación cruzada en las celdas con aire natural, ofrecer una dieta balanceada a los reclusos y que los detenidos mayores de 60 años que estén en un pabellón con casos y padezcan enfermedades crónicas, sean evaluados para colocarles un brazalete electrónico de control domiciliario.
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Puntos difíciles de cumplir en un sistema penitenciario que el Departamento de Estado de EE.UU. calificó como violador de los derechos humanos por el alto hacinamiento, la falta de atención médica y medicinas y las malas condiciones sanitarias.
En las cárceles del país había, hasta marzo de este año, 18 mil 179 reclusos, con una densidad del 125% y una sobrepoblación de 3,588 detenidos.
La Guía también plantea que todo detenido que presente síntomas de COVID-19 debe ser evaluado por un médico, que todos los centros penales deben tener un pabellón habilitado para el aislamiento de casos sospechosos o confirmados y para los que tengan síntomas leves y no presenten enfermedades crónicas.
Estas áreas deben estar ventiladas y contar con servicios sanitarios y los detenidos que estén en el pabellón de aislamiento deben cumplir "estrictamente" las indicaciones sanitarias con un seguimiento médico diario.
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Y los que tengan COVID-19 y padezcan de complicaciones deberán ser trasladados a un centro hospitalario. La Guía también plantea que las clínicas de los centros penitenciarios deberán ser dotadas de equipos de protección personal, mascarillas quirúrgicas, batas, guantes y lentes o pantallas de protección facial.
Además, de insumos para la higiene de manos, jabón líquido, gel alcoholado al 60 al 95%, papel toalla y detergente e hipoclorito de sodio 5.25%.
Igualmente, los baños de los penales deberán dotarse de agua, jabón líquido, papel higiénico y papel toalla. Y distribuir entre los presos mascarillas quirúrgicas, pañuelos de papel y solución gel alcoholado al 60 o 95% para la higiene de manos en la lucha contra el coronavirus.
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