Nuevas reglas para los padres de familia avanzan a segundo debate en la AN

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional envió a segundo debate el proyecto de ley No. 328, que pretende regular la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en todos los centros educativos oficiales del país a fin de evitar irregularidades que pongan en riesgo la seguridad y derecho a la educación de los estudiantes.

Tras un análisis en subcomisión, los diputados acordaron realizar una serie de modificaciones al documento original, estableciendo que, para ocupar algún cargo dentro de la junta directiva o ser miembro del consejo de delegados, los padres no deben haber sido condenados por delitos contra la administración y fe pública o patrimoniales, aunque hayan cumplido la pena.

Se ordenó también que estas agrupaciones depositarán sus fondos en una cuenta corriente abierta en un banco estatal y se destinarán prioritariamente a la contratación del seguro colectivo para los alumnos, el desarrollo de actividades extracurriculares, mejoras de infraestructura y equipamiento, contratación de servicios profesionales o técnicos que contribuyan al desarrollo emocional de los menores, entre otros.

Aunque la diputada Patsy Lee, proponente de la iniciativa, había sugerido que los miembros de la junta directiva se mantuvieran en el cargo por 2 años sin posibilidad de reelección inmediata ni consecutiva, los comisionados acordaron aumentar el periodo a 3 años, manteniendo las mismas restricciones.

Asimismo, se estableció que la junta directiva deberá rendir cuentas del uso de los fondos y del cumplimiento de su plan de trabajo mediante la presentación de un informe financiero y de gestión trimestral ante el consejo de delegados, asamblea general, dirección escolar y regional de Educación.

Quienes incumplan estas disposiciones recibirán las sanciones correspondientes, dependiendo de la gravedad del hecho (amonestación escrita, suspensión temporal, remoción definitiva, inhabilitación de funciones por cinco años y remisión del caso a las autoridades competentes).

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) dio su respaldo al proyecto, afirmando que hace efectivo el derecho constitucional a los datos que tienen todos los individuos.

Además, facilitará las investigaciones sobre la desaparición de estos recursos que, lastimosamente, en la mayoría de los casos, "quedan en el limbo" por falta de información.

Abdiel Bedoya, de la Confederación de Padres de Familia, reconoció que la falta de organización de algunas asociaciones ha dado pie a los hurtos; no obstante, espera que cuando el documento llegue a segundo debate, se reconsidere la eliminación del colectivo que representa.

"Este proyecto tiene algunos puntos muy importantes, pero se quedan otros en los que vamos a hacer nuestros aportes", dijo.

El año pasado se registraron 22 denuncias contra diversas asociaciones de padres de familia, principalmente de básica general.