Caso Gucci confirma protección del presidente Juan Carlos Varela
El caso de la mascota 'Gucci, que involucra a la exviceministra Zulema Sucre, replica un modelo de protección judicial a los allegados al poder político.
Caso Gucci confirma protección del presidente Juan Carlos Varela
La manera como se ha llevado el caso de la mascota Gucci, que involucra a la exviceministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Zulema Sucre, acusada de peculado de uso, confirma protección y justicia selectiva para los allegados al gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Así lo expresó el abogado Roniel Ortiz, quien indicó que el trato dispensado por Varela hacia Sucre "es lo mismo" que ha ocurrido con el gerente de Tocumen S.A,, Carlos Duboy.
Zulema Sucre cumplió ayer audiencia preliminar, y el juez decimoquinto, Enrique Pérez, oficializó su llamamiento a juicio para el próximo 7 de mayo de 2017, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
El hecho punible saltó a la luz pública en enero de 2016, cuando sus exescoltas la acusaron de obligarlos a realizar tareas ajenas a sus funciones, como sacar a pasear a su perro Gucci en horas laborables.
La repercusión mediática se robusteció con fotos y videos, provocando una denuncia de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai).
En medio del escándalo, Varela nunca se vio interesado en medidas drásticas; pidió al ministro Alcibíades Vásquez que le preparara un informe.
En el interín, Vásquez aclaró que él no podía destituir a Sucre, y que era una potestad del presidente.
Un mes después de las denuncias de los guardaespaldas, el 22 de febrero de 2016, Varela le pidió a Zulema Sucre "poner su cargo a disposición" hasta que él recibiera el informe y tomara una decisión.
La decisión nunca llegó, y el 1 de marzo, Sucre renunció al cargo.
Según el abogado Roniel Ortiz, desde el día uno, Varela la estuvo tratando de proteger para que no la acusaran. "Hasta habían hecho una jugada para que el expediente fuera declinado a la esfera municipal".
Ortiz lamentó que los delitos que son graves para los ciudadanos, para los allegados al presidente no representan nada.
"Hay injerencia del Ejecutivo en la justicia. El Ministerio Público es controlado por policías y hay presiones a los Tribunales de Justicia para que actúen como ellos quieren", dijo.
Piden justiciaEl jurista también explicó que es incomprensible que los tribunales no aceptaran como querellantes a los exescoltas, alegando que la víctima era del Estado.
Ney Rodríguez, uno de los guardaespaldas, dijo que su despido y el de sus dos compañeros fue injusto. Hay capturas de chats con Sucre que confirman sus órdenes de pasear a la mascota, así como copia de solicitud "con urgencia" de viáticos para actividades oficiales, pero en realidad el escolta fue asignado a una actividad secular, brindando protección a sus hijas.
"Fuimos despedidos por venganza, por dar a conocer todo lo que estaba ocurriendo, razón por la que pedimos nuestra restitución y que además se nos paguen los salarios de los meses que todavía restaban del contrato firmado", reiteró Ney Rodríguez.