‘Piratas’ le tuercen el brazo a la Autoridad del Tránsito

“Vamos a ir sacando el transporte pirata tan rápido como el transporte legítimo pueda atender la misma demanda de movilización de los usuarios y tan rápido como los cambios estructurales se puedan implementar”, fue la promesa del ministro de Gobierno, Milton Henríquez, en agosto pasado, cuando afloró la crisis en el transporte, bajo la administración del presidente Juan Carlos Varela.

Por esos días, los “piratas”, autodenominados “transporte solidario”, se aprovecharon de las deficiencias del sistema metrobús para multiplicarse y circular en rutas concesionadas a Mi Bus desde el 2010, pero bajo una serie de irregularidades.

Las acciones de persecución montadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Policía del Tránsito enconaron al grupo que aún presta el servicio en los sectores de Panamá Este, Oeste y norte. Cierres de calles y acciones de protesta con las unidades eran los resultados de los operativos, que crearon en la población un caos por la paralización del servicio.

La anarquía auspiciada por las concesionarias hizo que Henríquez reconociera que los “piratas” cometían violaciones al Reglamento del Tránsito y atentaban contra la seguridad colectiva. Los usuarios, por su lado, denunciaban exceso de velocidad en las unidades y aumento del precio del pasaje.

Con un menú colmado de quejas, Henríquez armó una serie de reuniones con la ATTT, Policía de Tránsito y los propios transportistas en la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional para tratar de combatir la piratería y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Cuatro meses después, y sin mayores explicaciones, la preocupación se disipó entre las autoridades, y los “piratas” sin disimulo circulan en el sistema mixto entre metrobuses y “diablos rojos”. “Ya nadie se acuerda de los ‘piratas’ y ellos simplemente se convirtieron en una alternativa casi legal de movilización en la ciudad, que sin contemplación cobran lo que les da la gana”, comenta Rosa Rodríguez, usuaria del transporte en la Gran Estación de San Miguelito.

Sin aceptar que el transporte pirata tiene luz verde para circular sin fiscalización, el director de la ATTT, Julio González, reconoce que se trata de una situación coyuntural hasta que se defina el futuro del transporte en la capital.

“Cuando se reestructure el transporte metropolitano, indudablemente se tomarán los correctivos, ellos (los transportistas piratas) saben que una vez esta fecha llegue, tendrán que salir del sistema”, declaró el director de la ATTT.

En tanto, los transportistas solidarios argumentan que se ajustaron a las peticiones hechas por los comisionados de la Comisión de Transporte y del ministro Henríquez: inscribirse en una de las concesionarias, como Tranfusa, Cooperativa San Cristóbal o Sicotrac. La inscripción, según el acuerdo, le garantizaba el paso expedito por cualquiera de las rutas.

La condición era portar extintores, pólizas de seguro, neumáticos en buenas condiciones, uniformes, licencias adecuadas y sin papel ahumado.

Sin aceptar que se legitimó el servicio, el premier afirmó que había mucha irregularidad, pero que “no podía caerle a todo a la vez”. Era necesario garantizarle la movilización a la población, considerando que el metrobús presentaba deficiencias en la frecuencia”.

En el camino quedan deslices del ministro Henríquez, quien anunciaba el retiro de la empresa Mi Bus sin que antes se renegociara un contrato que le permitiera al Estado continuar con el servicio de transporte.

El anuncio enterró la preocupación de las autoridades por la movilización de los “piratas” ilegales. “Tenemos que aceptar que hace buen rato ya no tenemos esa persecución de la policía”, contó Alberto Rivera, fiscal del Sindicato de Conductores del Transporte (Sicotrac).

Pero ¿cuál es el futuro de las más de 800 unidades piratas que circulan en distintas rutas? Rivera no tiene respuesta a la pregunta.

“Sinceramente no hay nada en firme para nosotros. Hasta ahora, la ATTT no se ha reunido con nosotros. La mayoría está mentalizada en que circularemos hasta que el Gobierno así lo decida”, dijo.

Aprovechándose de la distracción de las autoridades por la negociación con Mi Bus y el conflicto laboral con los operadores del metrobús, los “piratas” no han variado su forma de operar: utilizan a los “pavos” para anunciar sus rutas en sitios de mayor concentración, el pasaje mínimo por parada continúa en un $1, se movilizan con música estridente, desorden al manejar y exceso de velocidad.

“Yo, aunque tenga que esperar, prefiero el metrobús porque esos ‘piratas’ son groseros y andan a una velocidad que da miedo”, relata Rosa a Panamá América, en un recorrido por la Gran Estación, donde se movilizan más de un centenar de unidades blancas que le hacen competencia de frente al metrobús.

“Ahora el problema no es con la policía, sino entre los mismos presidentes de ruta. Por ejemplo, nosotros de la San Cristóbal de Chepo tenemos cerca de 80 unidades que brindan el servicio desde la 24 de Diciembre hasta San Miguelito, y nos tratan de intimidar porque dicen que no es nuestra ruta de trabajo”, contó uno de los conductores apostados en el puente elevado de San Miguelito.

En la organización Transporte del Futuro S.A. (Tranfusa), el dirigente Luis Rodríguez guarda la esperanza de que el Ejecutivo los incluya en el proceso de licitación para las rutas internas. Antes y después de la campaña electoral, el presidente Juan Carlos Varela anunció la creación de un sistema de transporte que ordenara el transporte en la capital, a través de la Autoridad del Transporte. Allí se incluiría el metrobús, metro, rutas internas, taxis y buses piratas.

Transcurrido el tiempo, en reciente declaración, el presidente Varela dio hasta febrero como plazo para alcanzar un finiquito con la empresa Mi Bus e iniciar en firme con la propuesta. Mientras tanto, los transportistas piratas aceptan que la actividad se realiza a su suerte. No saben hasta cuándo podrán circular ni tampoco dan garantía de la seguridad colectiva porque la ATTT no les ha emitido un permiso oficial de operación como se prometió a través de un censo para el que acudieron más de 500 unidades.