Se descarta una doble indemnización a favor de PPC y CK Hutchison
Jurista sostiene que los reclamos carecen de sustento legal debido a que las acciones estatales se ejecutaron en estricto cumplimiento de un fallo.
El monto total reclamado en conjunto supera los 3,500 millones de dólares. Foto: Archivo
La reciente notificación de un segundo arbitraje internacional promovido por el conglomerado hongkonés CK Hutchison contra la República de Panamá, por más de $1,500 millones, ha reavivado el debate sobre la exposición financiera del Estado por la disputa relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal.
Aunque se trata de procesos jurídicamente independientes, y se sustentan en instrumentos legales diferentes, el abogado Adolfo Linares advierte que ambos litigios están vinculados por una misma inversión.
"En principio un arbitraje es un arbitraje, lo único que cambia son las reglas por las cuales se rigen según la jurisdicción que se establece en los contratos", explicó.
La diferencia principal radica en la vía utilizada. Mientras Panama Ports Company (PPC), como concesionaria local, sustenta su reclamación en las cláusulas del contrato de concesión, CK Hutchison, como inversionista final, recurre al marco de protección de inversiones internacionales establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI).
Linares explicó que, aunque PPC y CK Hutchison son sujetos jurídicos distintos, existe una posible superposición económica entre las reclamaciones, debido a que ambas están relacionadas con la afectación de la misma inversión en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
En el caso de PPC, la empresa interpuso su reclamación en su condición de concesionaria. El expresidente de Capac cuestionó la pretensión de anulación planteada por la compañía y sostuvo que, a su juicio, esta carece de sustento al estar relacionada con una decisión adoptada por el Estado a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Respecto al arbitraje iniciado por CK Hutchison, el jurista también cuestionó el fundamento de la reclamación presentada bajo el TBI.
No obstante, reconoció que ambos procesos pueden coexistir formalmente al tratarse de demandantes distintos y de instrumentos jurídicos diferentes. Una de las principales interrogantes es si la existencia de dos reclamaciones podría exponer a Panamá a una doble indemnización por una misma afectación económica.
El abogado descartó ese escenario y sostuvo que no correspondería indemnizar dos veces por la pérdida de una misma inversión. "Hay un principio fundamental en derecho que dice que nadie puede ser condenado dos veces por la misma causa", afirmó.
Este conflicto se remonta a febrero de 2026, cuando el Estado panameño tomó el control operativo y administrativo de los puertos de Balboa y Cristóbal, después de que quedara firme el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 5 de 1997.
Con la apertura de este segundo arbitraje, el caso adquiere una nueva dimensión internacional y vuelve a colocar bajo escrutinio el potencial impacto financiero que la disputa podría representar para el Estado panameño.