Juez de garantías decreta medidas cautelares a nueve sujetos capturados en la 'Operación Fisher'
Las medidas cautelares decretadas por la juez son: la retención domiciliaria, contra dos de los imputados y el reporte periódico ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y de reunirse con personas vinculadas a esta causa penal, contra los otros ochos imputados.
Mediante la Operación Fisher se desmanteló una red del crimen organizado. Foto: Grupo Epasa
Una juez de garantías decrectó medidas cautelares contra nueve ciudadanos capturados mediante la "Operación Fisher".
Durante la audiencia que inició el jueves 27 de enero a la 1:00 p.m y culminó a las 10:00 de la noche del viernes 28 de enero del año 2022, la juez de garantías decretó distintas medidas cautelares personales, a nueve ciudadanos que se encuentran imputados por la presunta comisión del delito contra contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; y a una ciudadana, imputada por la posible comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita.
Las medidas cautelares decretadas por la juez son: la retención domiciliaria, contra dos de los imputados y el reporte periódico ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y de reunirse con personas vinculadas a esta causa penal, contra los otros ochos imputados.
Tras escuchar los diversos argumentos, la juez, fundamentó su decisión de aplicar las medidas cautelares antes mencionadas, al considerarlas necesarias y proporcionales con la naturaleza de los hechos.
Con anterioridad, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hechas por el Ministerio Público, contra doce ciudadanos; se legalizaron ocho solicitudes de controles posteriores y en las solicitudes de medidas cautelares reales, se aprehendió la suma total de $10,060.
En esta audiencia de control, no se legalizó la aprehensión, ni se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, contra otros dos ciudadanos y en consecuencia se ordenó su inmediata libertad.
De las doce personas imputadas que fueron llevadas a esta audiencia de control de garantías, dos se acogieron a un acuerdo de pena que fue consensuado entre el Ministerio Público y la defensa particular, emitiendo la sentencia condenatoria de 48 y 60 meses de prisión, respectivamente.
El Ministerio Público estuvo representado por dos fiscales y participaron trece defensores particulares y un defensor público.
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