Pedirán informes por compra de armas

El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, se refirió al tema de la denuncia penal presentada en contra del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y el director de la Policía Nacional (PN), Jhon Dormheim, por la compra de 5 mil pistolas para el pie de fuerza policial.

Durante la rendición de cuentas de su tercer año de gestión, Caraballo manifestó que a la denuncia presentada en contra de estos dos funcionarios se le dará el trato igual que a toda las que ingresan a esta institución investigadora.

Agregó que en los próximos días estarán pidiendo los informes correspondientes a las entidades involucradas en este tema a fin de esclarecer este caso.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la abogada Ana Lorena Cárdenas de Acevedo, presentara una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, por los supuestos delitos de corrupción y fraude en los actos de contratación pública, por la adquisición de estas 5 mil armas.

La denunciante indicó que su acción legal guarda relación con noticias publicadas en Crítica y Panamá América, relativas a la supuesta participación del director de la Policía Nacional (PN) Jhon Dormheim y el Ministerio de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en la compra de estas armas para la Policía Nacional.

La denunciante afirmó que con la presente denuncia, debe de manera inmediata proveerse, conforme a los mecanismos legales, la suspensión de dicha compra y que la Contraloría General de la República, bajo ningún concepto, debe hacer pago alguno, ni siquiera en calidad de abono, esto con base en las supuestas irregularidades que rondan esta compra.

Añade que es de su conocimiento que en relación con las compras de armas para los estamentos de seguridad del Estado siempre se han hecho con la fabricante austriaca Glock, empresa a la cual en un principio se haría la compra de este armamento policial.

Sin embargo, se dice que se adquirieron armas marca Smith & Wesson, la cual según la denunciante se habla de que son de muy mala calidad comparadas con las Glock, que son las que tradicionalmente usan los estamentos policiales.

La jurista le pidió a Caraballo, llamar a los distribuidores de armas, entre ellos al fabricante austriaco Glock, para consultarles si hubo en su momento alguna requisición de cotización, que explicara la metodología de la compra.

También solicitó se llame a declarar a la comisionada Sheyla Cedeño para que exponga cuándo y por qué se hizo la compra.

Igualmente que se llame a declarar al subcomisionado Gustavo Chong, para que sustente todo lo relativo a las pruebas y especificaciones técnicas requeridas para la compra de pistolas para los estamentos de seguridad.

Además, solicita que la investigación también sea dirigida hacia el señor Fernando Quiel, persona supuestamente encargada de la compra en el Ministerio de Seguridad Pública.

Sumado a estas personas, también solicita que se le pida declaración al ministro de Seguridad, Juan Pino, pues el mismo acompañó a la comisionada Cedeño a la Asamblea Nacional (AN), para solicitar la partida para la compra de armas Glock, pero luego se cambió de marca.

Hasta el momento, ni el ministro Pino, ni el director de la PN, Dormheim, han querido brindar información sobre esta compra.

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