Piden que casos de peculado de uso sean investigados

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino fue recibido por una serie de malos manejos en la administración pública, tanto en los ministerios como en algunas alcaldías y juntas comunales. La noticia de estos despilfarros de recursos e incluso tráfico de influencias ha generado indignación en la población, que pide que los casos sean denunciados, investigados y castigados.

Para Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, "es sorprendente la cantidad de casos de peculado", por lo que la justicia tendrá que hacer su trabajo. Añadió que "el Estado panameño tiene el deber de perseguir estos delitos, porque afectan el buen funcionamiento del Estado. El Gobierno tiene que exigir a las autoridades judiciales del Ministerio Público y de la Corte que comiencen a revisar esto para tomar las medidas correspondientes en estos casos".

Por su parte, Ismael Valdés, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, recordó el caso del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) y expresó que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, debe responder ante las autoridades judiciales. El vocero estudiantil aseguró que estarán vigilantes para que los responsables paguen y no los funcionarios de menor jerarquía como en otros casos.

En tanto, el asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Augusto Berrocal, indicó que "donde hay irregularidades, la ley tiene que caer sobre quien haya cometido falta".

Subrayó que a las nuevas autoridades les corresponde entablar las denuncias sobre las irregularidades encontradas.

Anomalías

Las Alcaldías de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Colón y Calobre (Veraguas) son algunos de los casos donde las nuevas autoridades han denunciado irregularidades. De hecho, hay deudas millonarias y arcas vacías.

El alcalde capitalino Mayer Mizrachi halló anomalías como: alquiler de autos Prado por 2,000 dólares al mes; 56 mil dólares en servicio de celular, telefonía y datos, entre otras. Mizrachi encontró más de 500 empleados municipales en Chilibre, pero que no asistían a su trabajo. Y ni hablar de la deuda que dejó la administración pasada, pues supera los 100 millones de dólares.

La Alcaldía de San Miguelito también tenía su guardado. La alcaldesa Irma Hernández encontró deudas, falta de liquidez y poca transparencia. Pero, el asunto no se detiene aquí, ya que el exalcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, del Partido Revolucionario Democrático, dejó una crisis en el manejo de la basura y falta de obras, entre otras. La alcaldesa aseguró que están haciendo las recopilaciones de pruebas para que las denuncias no queden sin efecto y se puedan tener respuestas pronto.

En el Atlántico, el asunto tampoco ha sido color de rosa, porque en la Alcaldía de Colón también hubo sorpresas. "Desgreño administrativo y financiero muy profundo" fue lo que, a consideración del alcalde Diógenes Galván, le dejaron en este municipio. A través de sus redes sociales, Galván notificó el pasado 10 de julio la presunta desaparición de 28 autos que debían estar bajo custodia del concejo colonense.

Se adelanta una investigación de oficio por el uso de automóviles otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Municipio de Colón, según fuentes del Ministerio Público. Hace unos días, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) realizó una inspección del manejo económico y administrativo de este municipio, con apoyo del tesorero municipal.

Panamá Oeste tampoco se salva de las "historias de despilfarros", porque la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, también denunció que recibió un municipio en crisis. Dijo: "La deuda de la administración actual asciende a 10 millones". La pasada administración, de Rollyns Rodríguez, solo le entregó un millón de dólares.

La Alcaldía de Calobre (Veraguas) también está bajo investigación por parte del Ministerio Público por supuesto mal manejo de planillas y desaparición de archivos. Las juntas comunales tampoco se quedan atrás de estos escándalos; entre ellas figuran Parque Lefevre, Juan Díaz, Chilibre, Belisario Porras, Tocumen, Playa Leona (Panamá Oeste) y San Juan (Colón).

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